Una mujer marroquí vendió presuntamente un contrato de trabajo en Cáceres a un compatriota que pagó por él 8.000 euros, todos sus ahorros y los de su familia. Una investigación llevada a cabo por la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional de Cáceres permitió el viernes pasado detener a la mujer como presunta autora de un delito continuado contra el derecho de los trabajadores y otro delito de estafa, según informó ayer la Subdelegación del Gobierno.

La detenida, cuya identidad responde a las iniciales B. K., es uno de los imputados en el caso de los expedientes de regularización falsos detectados en la subdelegación en el 2005, pendiente de juicio. La mujer fue detenida entonces por hechos similares.

La investigación de este último caso se inició a raíz de la denuncia que presentó la supuesta víctima de la detenida, un ciudadano de la localidad marroquí de Ben Guerir, a unos sesenta kilómetros al norte de Marraquech, quien declaró haber pagado a la mujer 8.000 euros por un contrato en un vivero de Campolugar, además de los permisos de residencia y trabajo en España.

Los ocho mil euros compraban un contrato de viverista durante un año en una empresa de la localidad de Campolugar. La policía destaca que la víctima tuvo que reunir el dinero "a costa de sumar a los ahorros de toda su vida los de sus parientes".

La denuncia El ciudadano marroquí decidió denunciar los hechos tras serle revocado por la Subdelegación del Gobierno el permiso de residencia y trabajo por no estar dado de alta en la Seguridad Social con las jornadas correspondientes a los días trabajados, aunque llevaba ya varios meses supuestamente trabajando en Cáceres.

El empresario para el que trabaja, cuya identidad responde a las iniciales A. C. I., no está presuntamente implicado en la venta ilegal del contrato, según ha determinado la investigación policial. Este declaró que la carencia del alta en la Seguridad Social se debía a un malentendido.

El empresario contrató a este trabajador por intermediación de un familiar, quien conocía a la mujer detenida y quien presuntamente habría contactado con la víctima en su país de origen. Recurrieron a ella, según la policía, porque tenían dificultades para encontrar en España trabajadores que quisieran desempeñar el empleo ofertado.

Fuentes de la investigación confirmaron ayer que la detenida, que tiene tarjeta permanente de residencia en España, había ingresado en prisión por los hechos que se le imputan.