La Policía Nacional ha detenido en Cáceres a tres personas por su presunta autoría de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsificación documental tras falsear contratos de trabajo.

Según informa la policía, los agentes detectaron posibles "irregularidades" en determinados documentos presentados por ciudadanos extranjeros a sus expedientes para conseguir una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, consiguiendo así regularizar su situación en España.

En concreto, se trata de una investigación iniciada a mediados del mes de diciembre pasado por parte de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Cáceres, dentro de las funciones que tienen encomendadas para erradicar actividades delictivas concernientes a la inmigración ilegal y falsedades documentales. En la investigación también ha participado la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres.

A raíz de las sospechas policiales, y tras la comprobación de esos expedientes, los agentes detectaron que había ciudadanos extranjeros que habían solicitado anteriormente la autorización de trabajo por circunstancias excepcionales, las cuales habían sido denegadas por problemas con el pago de la Seguridad Social de la empresa que en teoría iba a contratar a los dichos ciudadanos.

Así, para esta nueva ocasión "querían hacer suponer que trabajarían para empleadores españoles como empleadas de hogar".

Continuando con las investigaciones, comprobaron cómo las personas que constaban como empleadores en el precontrato presentado en la Oficina de Extranjeros "ni tan siquiera conocían a los ciudadanos extranjeros que supuestamente iban a contratar, y por supuesto no habían firmado ningún tipo de precontrato con nadie, ya que no necesitaban la empleada de hogar".

Con estos datos, los funcionarios actuantes continuaron las gestiones para esclarecer los hechos, hasta que consiguieron identificar plenamente al supuesto cabecilla de la trama.

En concreto, se trata de un ciudadano español, de treinta años, que se encargaba de falsificar los documentos necesarios para solicitar la autorización de residencia y trabajo, lo que hacia con datos reales de ciudadanos españoles obtenidos fraudulentamente.

Junto al acusado trabajaba un ciudadano marroquí, de cincuenta y tres años, encargado de captar a posibles "clientes" interesados en regularizar su situación en España, todo ello, claro está, a cambio de una cantidad de dinero que oscilaba entre los mil quinientos y dos mil quinientos euros.

Una vez obtenidas las pruebas necesarias, se ha procedido a la detención de los dos implicados, junto a otra ciudadana marroquí, de cincuenta años, como presunta autora de un delito de falsificación documental. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.