Agentes de la Policía Nacional detienen en Salamanca a tres personas acusadas de varios delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, y de asociación ilícita, por estafar a 200 inmigrantes, a quienes prometieron la regulación de su situación en las provincias de Cáceres, Ávila, Madrid, Toledo, Salamanca y Zamora. Según la agencia Europa Press, los inmigrantes, la mayoría de origen marroquí, pagaban hasta 4.000 euros para obtener permisos de residencia y trabajo en España.
Los arrestados presentaban las supuestas ofertas de trabajo a través de una sociedad cooperativa ficticia con sede en Salamanca. Estas solicitudes eran finalmente rechazadas por la administración denegándose las documentaciones solicitadas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano marroquí, en la Comisaría Provincial de Ávila, en la que daba cuenta de la presencia de un grupo que se ofrecía para regularizar a ciudadanos extranjeros mediante la presentación de solicitudes de trabajo falsas. Finalmente los permisos de residencia y trabajo no se concedían por deficiencias en las ofertas de trabajo vinculadas al comercio ambulante.
Las investigaciones policiales determinaron que las ofertas de trabajo se presentaban a través de una sociedad cooperativa dedicada al comercio ambulante, con sede en Salamanca y presidida por un ciudadano español.
Además, se averiguó que esta persona contaba con el apoyo de varios individuos para la "captación de clientes" tanto en sus países de origen como en territorio español. Las solicitudes presentadas en otras provincias por este grupo eran inviables y simplemente las tramitaban para justificarse ante las víctimas.
Para dar credibilidad a la gestión de la cooperativa, los detenidos habían fijado falsos domicilios sociales situados en viviendas alquiladas o locales vacíos, repartidos por diversos puntos de la geografía española.
Además y para evitar levantar sospechas ante el elevado número de solicitudes, presentaban las ofertas de trabajo en distintas subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de toda España. Los agentes detectaron más de doscientos requerimientos de este tipo repartidos entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid, Toledo, Salamanca y Zamora.
La operación fue realizada por agentes de la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
