La Guardia Civil detuvo el pasado 21 de enero a dos empresarios de la localidad cacereña de Garrovillas, que responden a las iniciales F. J. G. H. y A. J. G. H., como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, según informa la Benemérita en un comunicado.
Fue el pasado 24 de marzo cuando se efectuaron ocho denuncias contra otros tantos ciudadanos de origen marroquí por estancia irregular en España y vulnerar así la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero. En concreto, estas personas, según indica la Guardia Civil, trabajaban en una granja de pollos de la localidad para otro súbdito de la misma nacionalidad, que según dijeron, era quién les había enviado hasta Garrovillas.
Los agentes consideraron que los hechos podrían constituir un delito contra los derechos de los trabajadores, y por ello se iniciaron las gestiones para el esclarecimiento de los mismos. La investigación apuntaba que los empleados carecían de autorización para trabajar, y que dicho empleo constituía el único medio de vida del que disponían para sobrevivir.
Estas circunstancias "eran aprovechadas para imponerles condiciones laborales que perjudicaban, suprimían y deterioraban sus derechos reconocidos por las disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual".
A este "abuso de situación de necesidad", se une el hecho de haber empleado a extranjeros que carecían de permiso de trabajo. Ello supone, según señala la Benemérita en la nota de prensa, un delito contra los derechos de los trabajadores en los cuales participó la empresa AC.
Para la Guardia Civil también participan de estos delitos los españoles que contrataron los servicios de estos trabajadores extranjeros sin comprobar que se encuentran en situación legal para trabajar en España, y no extienden ningún tipo de documentación que ampare la ejecución de estos trabajos dentro de la legalidad.
