El consejero delegado de Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), José Manuel Domínguez, confirmó ayer que la empresa está fuera del acuerdo de venta de parte del grupo de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual a Angel de Cabo. Domínguez se limitó a contestar que Busursa sigue perteneciendo a Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y a Gonzalo Pascual, vicepresidente.

Autobuses Urbanos del Sur tiene la concesión del servicio municipal del transporte urbano de Cáceres (ha sido la adjudicataria de los dos concursos convocados por el ayuntamiento, el último en el año 1999 y por un periodo de quince años). La plantilla es de 106 trabajadores y el servicio se divide en 9 líneas, más las del campus universitario.

José Manuel Domínguez se reunió el 27 de abril con la alcaldesa, Carmen Heras, un encuentro que coincidía con la difícil situación financiera por la que pasa el grupo de Díaz Ferrán, con la deuda que el consistorio mantiene con la empresa por el déficit de los últimos años (la última revisión del contrato de la concesión aprobada por el pleno de la corporación municipal fue la del 2005) y con la necesidad de liquidez de Busursa, situación que ha hecho que las nóminas de mayo no se hayan pagado hasta el pasado miércoles día 9, cuando se hizo efectiva una aportación de 220.000 euros del ayuntamiento como un anticipo del pago de la deuda municipal con Busursa.

El jueves se hizo pública la venta a Angel de Cabo, gestor especializado en empresas en riesgo, de Marsans y de otras sociedades de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual. De esta operación han quedado fuera Trapsa, empresa de transportes, y otras sociedades de los dos directivos de la CEOE, entre las que figura Autobuses Urbanos del Sur.

La alcaldesa, Carmen Heras, confirmó ayer que el lunes se celebrará una reunión, con la presencia de técnicos de los servicios económicos del consistorio, para abordar qué soluciones se pueden tomar "para que no sufran ni el servicio, ni los trabajadores". Hace una semana ya se decidió la aportación de 220.000 euros, cantidad que solo garantiza el servicio durante algunas semanas. La alcaldesa recordó que la deuda que el consistorio tiene con la concesionaria se arrastra desde hace varios años y que en la misma también incide las condiciones pactadas en 1999 con la concesionaria. La empresa calcula que la deuda del ayuntamiento se acerca a los 8 millones, cantidad que no coincide con la que maneja el ayuntamiento.

Victoriano Campos, miembro del comité de empresa en representación de CSI-CSIF, comentó que la próxima semana se reúne el comité. "Existe preocupación" entre los trabajadores, aseguró. "Hasta ahora --en los años de la actual concesión-- no hubo problemas, éste es el principal que ha habido", indicó Campos.