El dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura complica aún más la resolución del concurso para la gestión de la zona azul y abre la puerta a la presentación de recursos administrativos que tendrá que resolver este mismo órgano, que sustituyó al consejo consultivo. También aproxima más a Dornier a hacerse con un contrato que cuando se lleve a la práctica supondrá la ampliación de las plazas de la zona azul (de 840 a 2.070), salvo que la oferta de esta empresa fuese excluida.
El concurso para ampliar las plazas de la zona azul se torció en la Mesa de Contratación celebrada el 9 de marzo y se complicó por una cuestión menor, pero que en un recurso puede resultar decisiva. Cuatro licitadores han presentado su oferta económica sobre el precio que cobrarían por el servicio de grúa en base a lo recogido en el pliego de condiciones del concurso, mientras que los otros dos se han guiado por una aclaración posterior que se publicó antes de que se cerrase el plazo para licitar.
La Secretaría General del ayuntamiento consideró que la aclaración o información adicional es nula y por tanto se inició el procedimiento para su revisión de oficio, lo que supondría retrotraer el procedimiento al momento anterior a la presentación de las ofertas por los licitadores. Para una revisión de oficio es preceptivo y vinculante el dictamen de la Comisión Jurídica de Extremadura. Pero este órgano ha resuelto en un dictamen del pasado día 4 que la aclaración no debe anularse, por lo que tiene que seguir vigente.
NO ENTRA EN EL FONDO / La comisión no entra en el fondo de la cuestión y uno de los dos motivos que da complica más la resolución del concurso porque considera que la aclaración no reúne las condiciones para que sea considerada un acto administrativo, que es uno de los requisitos para que pueda revisarse. No la anula, pero el ayuntamiento se enfrenta a seguir con un concurso en el que uno de los criterios de las ofertas económicas de dos licitadores se ha basado en una aclaración que no puede considerarse acto administrativo entre otras razones porque cuando se publicó no se reflejaba qué autoridad emitía ese acto.
La comisión también abre la puerta a la presentación de recursos administrativos cuando razona que en el caso de que la aclaración pueda considerarse un acto administrativo tendría que tratarse para su revisión de oficio de una decisión que agotase la vía administrativa y que hubiese devenido en firme, «cuestiones de las que adolece». Y a continuación recuerda que «cuando proceda otra vía de impugnación se ha de optar por ella, ya que no podemos obviar el carácter extraordinario de la revisión de oficio». El concejal de Contratación, Valentín Pacheco, explicó ayer que aún no se ha tomado una decisión sobre el paso siguiente a dar y que se esperará a los informes que sobre el dictamen emitan la Secretaría General y la Intervención del ayuntamiento.
