Es un caso histórico. El dictamen del juez sobre los ruidos de la Madrila que condena a Heras, a Jurado y a hosteleros cierra temporalmente -cabe recurso- un litigio que ha enfrentado a vecinos y a los propietarios de los bares durante casi treinta años. Las quejas por las molestias en la plaza de Albatros se remontan años atrás, pero a partir de 2007 subieron de tono y en 2011 la asociación cacereña de cacereños contra el ruido llevó el caso a los tribunales e interpuso una querella por contaminación acústica. El colectivo, integrado por residentes de la plaza y calles aledañas denunciaba que el ruido nocturno les provocaba ansiedad, trastornos del sueño y depresión.

Casi una treintena de vecinos se sumó al manifiesto contra el «infierno» que suponía convivir con los ruidos. Entre ellos, hay quién asegura que dormía en los pasillos o testimonios que relatan que el suelo y las ventanas vibraban los fines de semana y que la cosa fue a «peor» de 2008 a 2011, cuando interpusieron la querella.

Acusaban a Carmen Heras, alcaldesa socialista desde 2007 a 2011, y Carlos Jurado, concejal de Seguridad Ciudadana durante su mandato, de inacción frente a las continuas quejas de los cacereños. Fiscalía recalcó en su escrito que tanto Peña del Cura como la Madrila habían sido declaradas zonas de protección ambiental desde 1996 -diez años antes- y pidió para cada uno de ellos una pena de un año y nueve meses de prisión. Los vecinos también denunciaron a los locales -la mayoría desaparecidos ya- Maquiavello, LaBelle, Tacones, Sugar, Submarino, La Cuerda, discoteca Down, Barroco y Latinos. Para los dueños de los bares, fiscalía pedía hasta tres años de prisión. Tras un periodo de instrucción de cinco años, el juicio se celebró a finales del año pasado. El dictamen que vio la luz ayer pone fin a un capítulo, pero no al caso. Habrá recurso.