La Comisión Municipal de Tráfico y Seguridad Ciudadana dejó ayer sobre la mesa la futura Ordenanza Reguladora de las Actividades de los Aparcacoches Ilegales, conocidos como gorrillas , para que los servicios sociales analicen más profundamente qué eficacia tendrán las medidas propuestas y estudien las soluciones que aplican otras ciudades. Así lo explicó ayer el concejal del área, Santos Parra, que recordó que el borrador establece multas de 200 euros o su canje por programas de deshabituación del alcohol o las drogas, o bien actividades en beneficio de la comunidad. "Pero son personas insolventes a las que tampoco se puede obligar a reinsertarse y a realizar tareas sociales, por eso el PSOE ha propuesto que consensuemos aun más la norma con el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) antes de seguir, y lo haremos", subrayó el edil.

El ayuntamiento concibió la idea de sacar esta ordenanza hace años, pero el proyecto se inició en firme el pasado mes de mayo a raíz de una petición de IU. El borrador se presentó a la comisión en julio, pero entonces se aparcó a la espera de la aportación de IMAS. Este informe, dado a conocer ayer, establece algunas puntualizaciones especialmente para dejar claro el papel de la policía y el IMAS. Señala que son los servicios sociales quienes deberían establecer los instrumentos de información e intervención para cada sujeto en el marco de un programa de integración, y también quienes han de decidir si un gorrilla puede o no realizar tareas sociales.

Pero además, el informe recuerda la dificultad de aplicar las medidas que sustituirían a las multas, "porque el colectivo se caracteriza por su insolvencia y por su gran deterioro a todos los niveles". La problemática de estos usuarios, prosigue el informe, "hace más necesario un trabajo integral destinado a su recuperación personal y social, y a su inserción laboral, previo a una medida puntual de reparación del daño". El IMAS considera que el recurso adecuado sería el programa Idre-Drogas que desarrolla el propio ayuntamiento.

Con toda esta información sobre la mesa, la comisión decidió ayer recabar de nuevo el consejo del IMAS antes de tramitar la ordenanza. "Queremos conocer si existen estadísticas que determinen la eficacia de estas medidas con los gorrillas , y si se aplican programas o medidas distintas en otras ciudades...", aclaró Parra.

INSEGURIDAD El concejal insistió en la necesidad de una normativa "clara y eficaz" que ponga fin a los aparcacoches ilegales y al problema de seguridad que generan, con las consiguientes quejas del comercio y otros sectores --sus zonas de acción habituales son en estos momentos las inmediaciones de los dos hospitales cacereños--. "Pero la ordenanza lleva su tiempo, porque no podemos aplicar medidas estrictamente policiales al tratarse de personas degradadas", dijo.