El ayuntamiento cerró el pasado año con una deuda por obligaciones del presupuesto por importe de 10,8 millones. Es uno de los indicadores más bajos de los últimos años y lo sería más si no se debiese nada a la diputación, que se consolida como el principal acreedor del consistorio. La mitad de esta cantidad se adeudaba a esa fecha a la diputación provincial por el servicio provincial de extinción de incendios que presta a Cáceres. La deuda sumaba 5,3 millones, débito que en dos años se había reducido en tres millones porque a comienzos de 2017 llegaba a los 8.
La deuda por los bomberos se divide en cuatro partidas. La principal es lo que quedaba pendiente de pagar del ejercicio de 2018 al cierre del mismo. El ayuntamiento inició el año con una previsión de gasto de 2,2 millones, después se hizo una modificación en el presupuesto para reconocer el pago de otros 1,9 millones y al cierre del año quedaban pendientes de abonar 2,3 millones. Es al acreedor al que más dinero se adeudaba por los gastos comprometidos el pasado año, por encima de lo que se debía a Conyser, 1,3 millones, por la prestación de los servicios de recogida de basura, limpieza viaria y piscinas municipales.
Las otras tres partidas dan contenido a las obligaciones pendientes de pago de ejercicios anteriores al 2018. Prácticamente todo lo que se debía por este concepto era por el servicio de bomberos. Una de las partidas, por importe de 665.834 euros, era del año 2017, y las otras, una de casi un millón y otra de 1,3 millones, correspondían a pagos de los años 2013 y 2014.
CONVENIO EN DIEZ AÑOS / En el último mandato municipal, en el periodo 2015-2019, diputación y ayuntamiento han mostrado sus diferencias por la cantidad que la primera pasaba al segundo con cargo a la prestación del servicio de bomberos, un desacuerdo que ha llegado a los juzgados. Ahora, con el mismo partido en ambas instituciones, las dos están gobernadas por el PSOE, se espera que haya más diálogo para ir reduciendo la deuda, como pasó en el periodo 2011-2015, cuando ambas las gobernaba el PP y antes de la finalización del mandato se firmó un convenio para regular el pago de la deuda histórica que el consistorio arrastraba del servicio de bomberos. Entonces se decidió, en un acuerdo alcanzado en mayo de 2015, pagar en diez años el débito de 6,9 millones que había del servicio de extinción de incendios del periodo 2007-2014. Se fijó una cuota anual de 665.834 euros (la correspondiente al ejercicio 2017 estaba pendiente de pagar al cierre del presupuesto de 2018).
Tras la primera reunión formal que mantuvieron el alcalde, Luis Salaya, y la presidenta de la diputación, Rosario Cordero, no se habló del servicio provincial de incendios. La intervención de ambos se centró en el futuro del edificio del hospital provincial Virgen de la Montaña. Los bomberos no es el único servicio por el que el ayuntamiento paga a la diputación, también se abona por el de la gestión de la recaudación de los tributos municipales, de la que se encarga el organismo autónomo de la institución.
Entre el resto de acreedores por obligaciones de pago presupuestarias había al cierre de 2018 otras empresas que prestan servicios en concesión, como el autobús (233.000 euros del déficit del servicio) o el mantenimiento de parques y jardines (228.000 euros). En esta relación no está la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento y depuración de agua, no está en presupuesto, la concesionaria cobra la tarifa que sale de la oferta económica que presentó, aunque puede pedir la revisión del contrato para mantener el equilibrio económico financiero, una posibilidad que ya puede ejercer este año, tras haber transcurrido cuatro desde el inicio del contrato. La primera medida para restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión es la revisión de la tarifa, que no se ha modificado desde 2013. Tras el primer año del contrato, en 2016, la empresa pidió una revisión, aunque entonces el ayuntamiento le remitió a hacerlo cuando tocaba: este año.
