La diputación deberá abonar un total de 91.120,17 euros (6.187,10 de intereses legales) a 17 trabajadores con cargos de confianza en la anterior legislatura tras haber perdido el contencioso administrativo interpuesto por estos funcionarios con fecha comprendida entre enero y febrero de 2012.
El pleito interpuesto por los empleados, que fueron cesados de los puestos que ocupaban en la anterior legislatura, tenía como pretensión cobrar las retribuciones correspondientes a los nueve meses posteriores al cese de la legislatura anterior y una vez constituida la nueva corporación, así como conservar su puesto de libre designación, al acogerse a la antigua normativa autonómica que contemplaba adquirir un puesto equivalente con las mismas retribuciones a su puesto de libre designación.
Esta sentencia, que fue fallada a favor de los citados funcionarios en primera instancia, fue recurrida por la diputación, de cuyo recurso de apelación se desprende que "por Decreto-Ley 1-2012, de 25 de junio, se han suprimido los efectos económicos y administrativos que se pretendían por el recurrente, y que la normativa aplicable no es la autonómica, sino la estatal". Esta normativa estatal determina que estos trabajadores tenían que adscribirse a un puesto designado por concurso en la categoría correspondiente, pero sin ser equivalente al puesto de libre designación. A pesar de ello, el TSJEx ha dictaminado en contra de la institución al determinar que la normativa aplicable "es la autonómica", por lo que la diputación deberá abonar 91.120 euros a estos 17 trabajadores que, no obstante, no conservarán sus puestos de trabajo de libre designación, según determina la actual legislación autonómica. Esta cuantía a abonar no podrá demorarse, ya que los intereses irán aumentando hasta su completo pago.
