El gabinete jurídico de la diputación ha informado al ayuntamiento de la resolución de la presidenta de la institución provincial en la que deniega que sus abogados asistan al gobierno local (PP) en su defensa jurídica dentro del procedimiento iniciado a instancia del grupo popular del ayuntamiento, que interpuso un recurso contra el acuerdo que se adoptó por el pleno de la corporación de suprimir la subvención que el ayuntamiento aportaba al empresario de la plaza de toros para la organización de festejos. Esta decisión motivó la anulación del concurso que se había convocado para la celebración de festejos en el que se incluía una aportación para el empresario taurino.
El acuerdo del pleno se tomó con los votos de los tres partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y CACeresTú -Podemos-). El gobierno local interpuso un recurso cuya cuestión de fondo es si el pleno tiene competencias para anular un acuerdo de la alcaldía (la convocatoria del concurso entraba dentro de las funciones de la alcaldesa).
En el acuerdo que se tomó sobre la interposición del recurso se decidió encomendar la defensa jurídica a los servicios de la diputación, que lo rechaza ahora, entre otros motivos, porque «no se trata de la defensa de intereses de la corporación, sino de un grupo político (...) y la diputación no tiene entre sus competencias la defensa de intereses particulares». El gobierno local ha encargado la defensa en este proceso al servicio jurídico del ayuntamiento. H
