La Diputación de Cáceres apela a la cautela en torno a la polémica suscitada en el centro de menores Julián Murillo, hasta que se resuelva la investigación abierta por la Fiscalía del Menor, a propósito de las quejas que presentaron varios trabajadores de la Junta de Extremadura sobre el trato que cuatro compañeros de trabajo, dependientes de la diputación ofrecían a los niños de la institución.
La diputada de Cultura Silvia González recordó ayer que paralelamente a la investigación de la fiscalía, el ejecutivo provincial había iniciado un procedimiento de información reservada destinado a recabar toda la información necesaria para esclarecer el problema. Incidió también en que "hasta ahora solo hay unas denuncias por parte de empleados, y las investigaciones deberán valorar si esas denuncias están o no justificadas", y apostilló: "si las investigaciones determinan que la denuncia está justificada y que se ha producido mala praxis que nadie dude que se intervendrá y se tomarán las decisiones oportunas".
La diputada señaló además que para esclarecer los hechos "es fundamental que las dos administraciones estemos bien coordinadas".
La representante de la Federación de Administraciones Públicas de Comisiones Obreras (FSAP-CCOO), Mercedes Acedo, defendió ayer el servicio que presta el Centro de Acogida de Menores Julián Murillo en Cáceres. "Defendemos los servicios públicos de calidad y que los profesionales son cualificados y competentes para la labor que desarrollan", señaló la representante sindical, que aclaró que "si puntualmente se ha producido un caso que deba ser investigado, apoyamos se haya recurrido a la fiscalía para esclarecerlo". En todo caso afirmó: "defendemos que sigan funcionando este tipo de centros".
Tal y como informaba ayer EL PERIODICO, la fiscalía inició, a instancias de la Consejería de Igualdad las investigación destinada a esclarecer si hay indicio de malos tratos en la actuación de alguno de los educadores del Julián Murillo.
