La diputación pretende recaudar 7,8 millones de euros (1.300 millones de pesetas) por los tributos pendientes del Impuesto de Bienes Inmuebles y la compensación prevista por el Gobierno tras haber suprimido el Impuesto de Actividades Económicas.
Según explicó ayer Ana Frade, gerente del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, un 20% de los inmuebles de la provincia no están dados de alta en el catastro, lo que provoca pérdidas de ingresos a los ayuntamientos por un importe de 3,4 millones de euros (550 millones de pesetas). Ante esta situación, la diputación tiene previsto firmar un convenio con los 219 consistorios de la provincia para actualizar los catastros durante los tres próximos años.
Con este objetivo, el vicepresidente segundo, Vicente Llanos, mantuvo ayer un encuentro con los alcaldes para abordar este asunto y destacó la importancia que tiene el IBI para las arcas de los municipios cacereños.
RECLAMACION Asimismo, la diputación reclamará al Gobierno una compensación de 4,5 millones de euros (750 millones de pesetas) por la supresión del IAE. La recaudación por este tributo ha quedado reducida al 40% este año --3,07 millones de euros (511 millones de pesetas)-- tras los 7,5 millones de euros (1.257 de pesetas) del ejercicio del 2002.
