El organismo de recaudación y gestión tributaria de la diputación, que gestiona la recaudación de impuestos y tasas locales, ha ingresado 905.000 euros tras los embargos, entre el 1 y el 20 de febrero, de 10.863 cuentas bancarias de 8.250 contribuyentes. La gran mayoría de estas trabas se pusieron a causa de débitos de tributos del ayuntamiento del periodo 2000-2005. Los embargos de cuentas son una práctica habitual por parte del organismo de recaudación, que lleva la gestión en todos los consistorios de la provincia, aunque no en la capital cacereña, donde ha habido "controversia al no estar la gente acostumbrada", según admitieron fuentes del organismo consultadas por este diario.

La normativa general de recaudación establece los pasos a seguir para conseguir recaudar las deudas que no se han pagado de forma voluntaria en los periodos que se anuncian. Tras la comunicación de la providencia de apremio al deudor, lo siguiente es el embargo de cuentas y a continuación se actuaría con los salarios, que ya está "en proceso", indicaron las fuentes citadas.

Estos embargos generalizados de cuentas no son habituales en Cáceres, aunque sí hay un precedente cuando la empresa Tribugest llevaba la gestión de la recaudación del ayuntamiento durante el periodo ejecutivo. A partir de ahora será lo normal, aunque no en cifras tan elevadas como las de los últimos días.

Notificación La comunicación previa a los embargos de cuentas ha sido causa de polémica y queja de contribuyentes porque no recibieron la información de este débito hasta que han comprobado que tenían su cuenta trabada por el importe adeudado.

Los interlocutores citados indicaron que solo se ha ordenado la retención de importes en cuentas en aquellos casos en los que se tenía constancia de que hubo una comunicación, bien porque el consistorio lo documentase con la información que se incluyó en los ficheros informáticos trasladados a la diputación o por las notificaciones remitidas por el organismo provincial de recaudación en los últimos meses para los casos de contribuyentes con más de una deuda.

Las deudas prescriben a los cuatro años, un plazo que empieza a contar no a partir de la fecha del recibo que se pasó en periodo voluntario, sino desde la última notificación que se haya realizado al deudor.

En este proceso iniciado por la diputación, de los que hay varios al año, aunque éste es extraordinario al entrar Cáceres por primera vez lo que ha incrementado las cantidades, se pretendía un ingreso total de casi siete millones de euros.