La directora de la residencia Asistida de Cáceres declarará como investigada el 16 de diciembre por la gestión del centro durante la pandemia. Así lo recoge el auto del Juzgado de Instrucción número 3, que ha admitido a trámite la querella que presentaron los familiares de los residentes contra la dirección. Entre las razones que argumenta el magistrado, según expone el dictamen al que ha tenido acceso este diario, se encuentran que los hechos que se denuncian «presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de homicidio por imprudencia». Del mismo modo, aparte de la comparecencia de la dirección, el juzgado reclama documentación a la Junta de Extremadura como los certificados de defunción al Servicio Extremeño de Salud y los protocolos de actuación en la residencia en el Estado de Alarma al Servicio de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).
Cabe recordar que los familiares, ya constituidos en asociación, presentaron la querella el pasado 30 de julio ante el juzgado cacereño. Abogados del bufete Pita & Broncano entregaron de forma telemática el documento, que en un principio suscribieron más de una veintena de familias, aunque según anotó el despacho de abogados, al menos otras cuarenta familias se encontraban en trámites de sumarse a la demanda. El propósito de acudir a la vía judicial, según anotó tras la presentación de la documentación el portavoz del colectivo de familias damnificadas, Javier García, es conocer «la verdad sobre la gestión que se ha llevado en el centro durante la pandemia». «Queremos saber qué ha ocurrido en la Asistida, porque nadie se ha puesto en contacto con nosotros en todos estos meses desde ninguna institución para interesarse por nuestra situación», puso de manifiesto.
La residencia de El Cuartillo ha sido una de las más afectadas por el coronavirus con una tasa de contagios de más de un 80%, y más de 70 fallecidos, una cifra que el colectivo eleva a casi un centenar. De hecho, sobre los datos de contagios y fallecidos, las familias denunciaron desde un primer momento la falta de transparencia de la dirección del centro y las instituciones regionales. «No sabemos qué pretenden esconder, pero por la dignidad de los mayores necesitamos saber cómo se ha gestionado la pandemia», aclaró Iglesias. Durante el Estado de Alarma, los familiares ya pidieron explicaciones a la administración sobre «los continuos cambios de habitaciones y «hacinamientos» y también hicieron hincapié en la situación de los trabajadores. Incluso reclamaron en mayo a la Inspección de Trabajo que comprobara si los empleados de la residencia contaban con el material adecuado de protección. Precisamente, hace unas semanas, la plantilla del centro, se concentró frente a las puertas de las instalaciones para reclamar más PCR y test serológicos.
FALTA DE CUIDADOS / Al margen de la querella que han presentado contra la dirección del centro, las familias han hecho pública esta semana, tal y como publicó este rotativo, otra denuncia sobre la situación que se vive en el centro, ahora ya con la situación de emergencia sanitaria estabilizada. En esa línea, manifiestan su preocupación por lo que consideran falta de cuidados básicos. Sostienen que los cambios de pañales o ropa son «insuficientes» y que muchos continúan con ropa de invierno debido a que el aislamiento ha provocado que los familiares no puedan hacer un seguimiento diario de los residentes. Además, piden un refuerzo en el servicio de fisioterapia y que se incorporen servicios de terapia ocupacional y psicología para tratar las secuelas en los ancianos que han superado el virus.
