La pretensión del ayuntamiento de conseguir del Ministerio de Hacienda la cesión del edificio de la cárcel vieja ha chocado siempre con la misma realidad: no se trata solo de proponer unos usos, las alternativas han sido numerosas en los últimos años, sino de costear la reforma del inmueble para adaptarlo a nuevas utilidades.

A esto se suma que hasta antes de la entrada en vigor del plan general de urbanismo de 2010, la pretensión de Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda no era la de conservar el edificio, sino la de que se cumpliese el convenio que en el año 1992 firmaron el ayuntamiento cacereño y el Ministerio del Interior, un acuerdo que contemplaba el derribo del inmueble de la cárcel y la construcción en el solar de un máximo de 123 viviendas, además de una zona ajardinada entre los bloques de 4 y 3 plantas que se proyectaban y la avenida de Héroes de Baler y la ampliación de la calle El Greco, en el lateral del edificio.

Ese convenio se recogió en el planeamiento de la ciudad hasta que en el año 2005 se empezaron a conocer los primeros avances del nuevo plan general de urbanismo, que, pese a mantener en un principio el fin residencial como primera opción cuando se dejase de utilizar para usos penitenciarios, planteaba la alternativa de su protección y rehabilitación como dotación pública.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siep), empresa pública dependiente del Ministerio de Hacienda, llegó a presentar un recurso administrativo ante la posibilidad de que el plan de urbanismo no recogiese el convenio firmado en 1992, además de alegaciones a las sucesivas aprobaciones iniciales que tuvo el plan general, la última solo unos meses antes de que el documento se aprobase definitivamente.

Pero el ayuntamiento, con un acuerdo que no fue unánime, decidió preservar el inmueble con su incorporación en el catálogo del plan de los bienes protegidos, aunque no con el máximo nivel de protección (integral), sino con el estructural. En esta categoría no está autorizado el derribo de la edificación y las obras preferentes tienen que ser las de conservación, restauración y rehabilitación, además se deben mantener las fachadas y los elementos estructurales.

CON LAS limitaciones a las que está sujeto el inmueble por su protección, además del uso permitido, que tiene que ser para equipamiento (docente, cultural, administrativo, social...), la Siep todavía no ha vendido el edificio, que sigue dentro de su plan de amortización para conseguir ingresos de la venta de inmuebles para invertirlos en la construcción y equipación de nuevos centros penitenciarios.

La Siep ha ofrecido al consistorio la cesión gratuita de la cárcel. El ayuntamiento está interesado, pero por ahora no acepta la cesión, no por no tener alternativas para el fin público al que debe destinarlo, para eso ha habido decena de propuestas en los últimos años, que es la primera condición, sino porque tiene que comprometerse a mantenerlo y además costear las reformas necesarias para su utilización. Este es el problema.

Los ingresos que recibe el ayuntamiento solo llegan para los gastos corrientes, no da para extras ni para inversiones porque la fuente de financiación para ello es, si no se recurre al crédito, la enajenación de suelo y el terreno no se vende. En 2015, por ejemplo, se presupuestaron por venta de suelo unos ingresos de 6.154.520 euros, pero a fecha de 9 de diciembre solo se habían conseguido recursos por un importe de 384.323 euros. Para la reforma del inmueble, la primera estimación de costes que se ha hecho es de 12 millones. Sin otros medios de financiación que no sea la venta de terreno y al ritmo de la enajenación de suelo de los últimos años, la reforma de la cárcel vieja tardaría más de una década en financiarse.