Un grupo de educadores auxiliares del Centro de Acogida de Menores Julián Murillo ha hecho público su malestar por las informaciones difundidas a raíz de la apertura de una investigación en el centro por parte de la Junta de Extremadura y de la Fiscalía de Menores. La administración regional y el Ministerio Público están investigando la posible existencia de mala praxis profesional por parte de algunos de los trabajadores del centro y qué consecuencias jurídicas pueden tener esas prácticas en el caso de haber existido.
El grupo de educadores considera que "no se ha informado de qué personas pueden ser las responsables ni qué hechos concretos han sucedido", lo que en su opinión hace "que se siembre la sospecha indiscriminada de una mala actuación profesional en todo un colectivo de 29 personas que ha demostrado a lo largo de 25 años ininterrumpidos su buen hacer y profesionalidad".
Este grupo de trabajadores, que manifiesta su deseo de que "cuanto antes se aclare la verdad y se depuren las responsabilidades oportunas", se ha puesto en contacto con el despacho de abogados de Angel Luis Aparicio en busca de información y asesoramiento. Según manifestaron a este diario fuentes del propio despacho, los trabajadores "no saben como actuar porque no saben nada de este proceso ni de quiénes son los cuatro trabajadores a los que se estaría investigando". Por el momento no se ha formulado denuncia contra ninguno de los trabajadores.
En la plantilla de educadores del Julián Murillo conviven trabajadores dependientes de la Junta con los que dependen de la Diputación de Cáceres.
LLAMADA Varias trabajadoras dependientes de la diputación manifestaron a este diario que había sido una trabajadora de la Junta la que realizó una llamada a la administración regional para dar a conocer unos supuestos malos tratos a los menores del centro. La llamada se produjo el miércoles de la semana pasada y a raíz de ella, la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta inició una investigación interna y solicitó la intervención de la Fiscalía de Menores.
La administración regional ya había recibido anteriormente comunicaciones de trabajadores del centro que se quejaban de que los modos que empleaban algunos educadores con los menores eran rigurosos y propios de una educación ´a la antigua´. Desde la Junta de Extremadura se ha confirmado que las quejas que han dado lugar a las investigaciones no se refieren en ningún caso a abusos sexuales y que ningún niño ha tenido que ser atendido por lesiones.
