«Muy preocupados». Así resume el secretario general de la Federación Empresarial Cacereña (FEC), Pedro Rosado, las perspectivas de futuro que existen entre los negocios de la provincia. El parón en seco de la actividad y de buena parte de los servicios que son motores en Cáceres (comercio, hostelería...), la caída en el consumo que se augura durante varios meses, y el gran número de microempresas que tejen la red económica de la provincia (seis de cada diez ni siquiera tienen empleados), han tumbado las expectativas.
En concreto, el 96% de los negocios cacereños afirman que se verán afectados por la situación derivada del coronavirus porque ya están sufriendo sus efectos, según indica el barómetro elaborado por la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), con la colaboración de las organizaciones regionales y provinciales, entre ellas la Federación Empresarial Cacereña, que extrae sus propios datos. En total han participado 2.722 empresarios, directivos y trabajadores. Nueve de cada diez afirman que no tienen muchas esperanzas en la situación actual y consideran que la coyuntura económica empeorará en 2020, cifra que se eleva al 96% en Cáceres.
Además, ocho de cada diez pymes reclaman ayudas fiscales, y siete de cada diez piden deducciones en las cotizaciones sociales. El Estado de Alarma y el cierre total han perjudicado de lleno sus actividades pese a que sobreviven como pueden: muchas de ellas (la mayoría) facilitan el teletrabajo, o han aprobado reducciones de jornada, o han activado un ERTE.
En definitiva, el barómetro recoge que si ocho de cada diez empresas españolas albergaban unas expectativas entre ‘normales’ y ‘muy buenas’ para el año 2019, en el caso de 2020 ya solo piensan así tres de cada diez. Y ello, según la FEC, alimentado por «la cadena de despropósitos» que están «soportando» los empresarios en esta crisis.
Por ejemplo, el cese prácticamente completo de la actividad del pasado 30 de marzo no es aplicable para las personas que trabajan por cuenta propia (el anterior, que solo suspendió ciertas actividades, sí lo era), «de modo que se impide en la práctica que la mayoría de los autónomos puedan solicitar ayuda alguna», explican desde la FEC. Podrían demostrar que su facturación de marzo se ha reducido al menos en un 75% respecto al semestre anterior, pero este tipo de gestiones son «improbables» en las micropymes.
JUGADA A LOS AUTÓNOMOS
Y luego está la segunda cuestión: los autónomos deben seguir trabajando pero sin sus empleados. «De este modo, el Gobierno por ejemplo permite que una obra continúe si solo acuden autónomos: un electricista, un fontanero... Parece ser que el virus se contagia menos si estás de alta en el Régimen de Autónomos», ironizan desde la FEC, que temen que se trate de un «ardid para que las empresas paguen las consecuencias de la crisis, en lugar de tener al menos la ayuda mísera de 700 €».
Además, la FEC quiere anticiparse a la reapertura de los negocios, que prevé lenta. «Ya hemos escrito a los principales ayuntamientos de la provincia para ofrecerles la creación de un plan de recuperación de la economía. Estimamos que sectores como la hostelería y buena parte del comercio no van a restablecerse en todo el año», lamenta Pedro Rosado. De hecho, el paro y los ERTE frenarán el gasto, y eso no ayudará precisamente a la reactivación.
LA CÁMARA ALERTA
También la Cámara de Cáceres valora como «absolutamente insuficientes» las acciones aprobadas por el Gobierno. «Aunque algunas, como facilitar la liquidez a través del ICO con el 80% del aval del Estado, son positivas; otras, como la prohibición del despido objetivo o por fuerza mayor mientras dure la pandemia, van ahora en dirección contraria», subraya.
La entidad pide «una mayor implicación de las Administraciones» para «garantizar la supervivencia de autónomos y empresas». «Es momento de comenzar a pensar en el medio y largo plazo, y diseñar ahora las medidas concretas», sostiene. Como acciones más inmediatas, la Cámara propone al Gobierno que, mientras dure el Estado de Alarma, se condone la cotización de los autónomos y las cuotas de la Seguridad Social a las pymes más afectadas; el aplazamiento de los impuestos para las empresas perjudicadas; y asegurar la liquidez a los negocios independientemente de su tamaño.
Con este fin, la Cámara apela a la capacidad del Estado para endeudarse y acudir a financiación europea, y la optimización del gasto público, priorizando las medidas sanitarias, de empleo y de actividad económica.
