El ayuntamiento cacereño respalda "el buen trabajo que está realizando el superintendente en funciones de la policía local, Angel Carvajal, desde que asumiera ésta responsabilidad". Considera, además, que su nombramiento "es ajustado a las necesidades y a la legalidad, como no puede ser de otra forma". No lo tienen tan claro en Izquierda Unida y en la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de Extremadura. Los primeros anunciaron ayer que llevarán el caso ante el Fiscal General de Estado. Los segundos han pedido un informe sobre si el procedimiento ha sido correcto, y la Junta de Extremadura confirmó ayer que lo está redactando.

La polémica sobre el nombramiento se ha agudizado al desvelar ayer EL PERIODICO la existencia de dos recursos presentados ante el juzgado por mandos de la policía local, contra la designación del subinspector Carvajal como superintendente, al entender que no cumple los requisitos exigidos (ser funcionario del Grupo A1 y licenciado). Esa misma advertencia la realizó el secretario municipal el día del nombramiento, según recoge el acta.

Ocurrió el 3 de febrero. Por resolución de la alcaldía se cesó al inspector Emeterio Corchado como responsable de la policía local mientras se encontraba de baja médica, a la vez que se designó superintendente-jefe en funciones a Carvajal, pese a tener menor rango. No obstante, el ayuntamiento insistió ayer en que "dicho nombramiento es en funciones, al seguir la plaza vacante". Por tanto será el juez el que dirima la cuestión, ya que, según los recursos judiciales presentados, ese cargo tampoco puede concederse en funciones, solo a través de una oposición.

Los recursos han sido presentados por Emeterio Corchado y la subinspectora Rosalía Navarro, al entender ambos que tienen preferencia sobre Carvajal en la escala policial por categoría, titulación o méritos, según los criterios del decreto 218/09, Normas Marco. La vista del inspector ya está fijada para el 26 de abril, y en ella pedirá que se le reconozca el derecho a ocupar la jefatura de la policía.

Mientras tanto, el ayuntamiento destacó ayer la trayectoria de Carvajal desde que asumiera el mando de la jefatura en noviembre, por la baja de Corchado. "La nueva organización del servicio de policía en la ciudad, la potenciación de una presencia activa en los distintos puntos de Cáceres o la gestión de situaciones puntuales, como el traslado del mercadillo o el cierre cautelar de los bares de La Madrila --recoge el escrito--, están demostrando el buen hacer del actual responsable en sus atribuciones".

En consecuencia, el gobierno municipal insiste en "el buen trabajo y la idoneidad del nombramiento, que avalan los resultados en la eficacia en la gestión", y reitera que el nombramiento se hizo por la "necesidad" de dar a Carvajal "la autoridad que necesita el desempeño de unas responsabilidades tan importantes".

AFORADA No obstante, Izquierda Unida quiere que sea el estamento jurídico el que determine finalmente si ha existido o no algún tipo de anomalía en la designación. Para ello está elaborando un texto que elevará al Fiscal General del Estado, al ser la alcaldesa de Cáceres también senadora y por tanto aforada. "Le estamos dando forma esta misma semana y mañana --por hoy-- lo veremos en nuestro consejo político", explicó ayer Margarita González-Jubete, concejala de IU en el ayuntamiento. "En principio no se trata de una denuncia, sino de un escrito en el que informamos al fiscal de cómo ha sido el procedimiento, para que actúe según estime", indica.

Aunque inicialmente la intención era que IU y PSOE recurrieran juntos a la justicia, puesto que ambos forman la oposición en el ayuntamiento cacereño, los socialistas todavía no se habían decidido ayer, de modo que IU seguirá adelante con su iniciativa, independientemente de que se les pudieran unir finalmente. El principal motivo que mueve a IU a acudir al fiscal es la advertencia que realizó el secretario municipal a la alcaldesa sobre la falta de requisitos legales de Carvajal para ocupar el puesto, y la reiteración de Elena Nevado basándose en el buen funcionamiento de la policía.

Paralelamente, la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior de la Junta de Extremadura está redactando un informe sobre si el nombramiento de Carvajal fue o no correcto, tras las peticiones formuladas por la Asociación de Jefes y Mandos de la Policía Local de Extremadura --que ayer se desvinculó de la filtración de esta demanda a la luz pública-- y por el sindicato FSP-UGT.

Concretamente, la Junta reconoció ayer a través de un comunicado enviado a este diario que "efectivamente" había recibido ambos requerimientos. "El servicio de Interior está argumentando y tramitando el informe solicitado, que se remitirá a los peticionarios en cuanto se encuentre concluido", recoge el texto.

EL PERIODICO intentó recabar ayer la opinión de los tres mandos afectados de un modo u otro por esta polémica, Angel Carvajal, Emeterio Corchado y Rosalía Navarro, sin que ninguno quisiera realizar declaraciones.