La concejala no adscrita, Marcelina Elviro, entregó ayer un escrito de impugnación de las comisiones de Régimen Interior, que se celebró el miércoles, y de Cultura, que fue ayer, porque no se la convocó ni se le aportó la documentación para poder participar. Pide en un escrito presentado en el registro del ayuntamiento la anulación de ambas comisiones por lesionarse sus derechos constitucionales de intervenir en estas sesiones y solicita que se convoquen de nuevo.

En otro escrito anuncia la interposición de un recurso contencioso y además requiere certificados de las convocatorias de estas dos sesiones, un requerimiento previo a la interposición de una querella criminal por un presunto delito de prevaricación. En un tercer escrito reitera su petición de ser miembro de todas las comisiones informativas, ya que el Tribunal Constitucional reconoce el derecho de los ediles no adscritos a participar en estos órganos municipales.

"Deje que pasase la Semana Santa para que diesen una solución a mi participación en las comisiones, pero no se ha dado, lo único que hago es defender mis derechos constitucionales", aseguró ayer Elviro, que insistió en que en el informe jurídico que la secretaría del ayuntamiento elaboró el pasado 14 de marzo se recogía que los concejales no adscritos pueden participar en todas las comisiones. La concejala también reiteró que en uno de los escritos presentados en el registro insiste en que solo recibirá prestación económica por las comisiones de las que ya era miembro antes de su salida del grupo municipal socialista, conforme a lo establecido en la ley de régimen local, y no por todas las sesiones en las que participe.

PROPUESTAS "No se vulnerará el derecho de nadie, se actuará con pulcritud", aseguró ayer el portavoz del gobierno, Valentín Pacheco, que indicó que la concejala tiene derecho a estar en todas las comisiones, pero que aún no se ha alcanzado un acuerdo entre todos los grupos políticos (PP, PSOE e IU) para decidir la configuración de las comisiones. Aseguró que hay de plazo hasta hoy para que cada grupo formule su propuesta y que si no hay acuerdo se buscará la mediación de la dirección general de Administración Local de la Junta, un arbitraje con el que Elviro no está de acuerdo. Ayer insistió en que se debe cumplir la jurisprudencia del Constitucional y recordó que ya se cuenta con un informe de los servicios jurídicos municipales con las posibles soluciones.

Las dos cuestiones a resolver son el número de miembros de las comisiones y si finalmente el voto será ponderado (el voto de cada grupo en la comisión equivaldría al número de concejales que tiene en el pleno --16 PP, 6 PSOE, 2 IU y 1 de la concejala no adscrita-- y no al número de representantes en la comisión). En cuanto al número de concejales en las comisiones, el gobierno se ha mostrado contrario a que se aumente, ahora son 7, y a perder la mayoría, tiene 4 de los 7. Esto puede provocar si al final el voto es ponderado, con lo que están de acuerdo el PP, IU y Elviro, que el grupo socialista, que ahora cuenta con dos representantes en las comisiones, pierda a uno, algo con lo que no está de acuerdo.