La empresa que gestiona el autobús urbano, Autobuses Urbanos del Sur (Busursa), necesita liquidez. Sus trabajadores, la plantilla es de 106 empleados, no cobraron hasta ayer la nómina del mes de mayo. Se pagó gracias al ingreso de 220.000 euros que se recibió del ayuntamiento. Lo que ha pasado con la nómina de mayo se puede repetir con la de junio, dado que con la cantidad recibida solamente se cubren costes de varias semanas. Autobuses Urbanos del Sur es del grupo de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Gonzalo Pascual, vicepresidente de la CEOE.
En Cáceres, a la complicada situación financiera por la que pasa el grupo de empresas de Díaz Ferrán se suma la deuda que el consistorio tiene con Busursa. La unión de las dos han convertido al autobús urbano en uno de los principales problemas que tiene la corporación local, ya que hay que garantizar la prestación de un servicio del que además dependen 106 puestos de trabajo.
LA SITUACION ¿Por qué se llega a esta situación? Busursa gestiona el servicio de autobuses urbanos desde hace 21 años. La última concesión se adjudicó a esta empresa en 1999 por un periodo de 15 años. A Busursa le quedan todavía cuatro. El servicio municipal de autobuses es deficitario (lo que se ingresa por la tarifa no cubre costes). La diferencia la tiene que aportar el ayuntamiento.
Hasta hace medio año, Busursa también gestionaba los servicios de transporte en Getafe y en Parla, desde donde se anticipaba el dinero para responder al déficit del servicio en Cáceres hasta que se obtenía la aportación del ayuntamiento cacereño.
El pasado mes de enero, las concesiones de Getafe y Parla se vendieron a Avanza (Autores). El servicio de Cáceres se quedó sin respaldo de Madrid. Desde entonces el pago de la deuda que el consistorio tiene con la empresa concesionaria es más urgente.
Hasta ahora la concesionaria ha ido aguantado con la recaudación conseguida por la tarifa, además todos los meses se reciben 71.000 euros del consistorio. Pero con la llegada del verano la situación se agrava debido a que los ingresos se reducen (no hay clases en la Uex), mientras que los costes suben (son necesarias sustituciones en el servicio).
El pasado 27 de abril, el consejero delegado de Busursa, José Manuel Domínguez, ya mantuvo una entrevista con la alcaldesa, Carmen Heras, y le informó de la falta de liquidez de la empresa. En mayo, la necesidad de fondos era apremiante para garantizar el pago de las nóminas.
UN ADELANTO Hace una semana se celebró una reunión entre la alcaldía, los ediles delegados de Economía y de Contratación y técnicos municipales de los servicios económicos. En el encuentro se trató del abono de 220.000 euros a la empresa de autobuses como anticipo de una parte de la deuda que se tiene con Busursa.
La empresa tenía el ingreso de los 220.000 euros en la mañana de ayer, que ha sido cuando se han podido abonar las nóminas a los trabajadores del servicio.
El que alertó ayer por la mañana en un comunicado del retraso en el pago de los salarios fue el grupo municipal de Izquierda Unida, que aseguró que a fecha de 8 de junio los trabajadores no habían cobrado y que solicitaba la convocatoria de una reunión entre los grupos políticos municipales para conocer la situación en la que está el servicio.
La contestación del gobierno llegó ayer por la tarde en otro comunicado, en el que se aseguraba que se habían tomado medidas y se detallaba que el gobierno se entrevistó la semana pasada con delegados de la concesionaria y que esta misma semana se había reunido con los representantes de los trabajadores.
El servicio se financia con los ingresos de la tarifa que abona el usuario y con la aportación mensual del ayuntamiento. Al cierre de cada ejercicio, se hace una revisión del contrato, en la que se determina la cantidad a satisfacer por el ayuntamiento para cubrir todo el déficit.
LA ULTIMA REVISION La última revisión aprobada por el pleno de la corporación municipal fue la del 2005, que arrojaba el siguiente resultado: el rendimiento de la tarifa había sido de 3,3 millones, mientras que los costes ascendían a 5,1 millones.
Las revisiones de los últimos cuatro años no se han aprobado. Se necesita ratificar la del 2006 para poder ir sacando las posteriores, ya que el resultado de la primera condiciona a las demás. No obstante, aunque no se haya aprobado en pleno, el déficit del 2006 y parte del 2007 ya se han abonado a la empresa concesionaria. Con la macrooperación de crédito, por importe de 30 millones, que se contrató en julio del 2009 se abonaron 2,5 millones.
La deuda pendiente de satisfacer estaría en torno a los 7,5 millones, según estimaciones anteriores de la empresa, aunque las cantidades cerradas son las que salgan de las revisiones anuales del contrato.
