La empresa que se quede con la concesión del servicio de agua en la ciudad deberá tener capacidad financiera para hacer frente a un pago de 64 millones de euros. Es la condición sine qua non incluida en el pliego de condiciones técnicas, cuyo primer borrador entregó ayer a todos los grupos políticos el concejal de Infraestructuras, Miguel López, el mismo día en que la Comisión de Desarrollo Local que preside el dirigente socialista dictaminó a favor de la gestión indirecta del servicio.
Esta última medida ya fue aprobada la semana pasada por la Comisión Especial del Agua con el beneplácito de PSOE, PP, Foro Ciudadano y el voto en contra de Izquierda Unida. Una vez acordada la gestión indirecta, la comisión debía ratificarlo primero para que luego, en el pleno del día 17, se apruebe definitivamente la gestión indirecta del servicio.
A partir de ahí se inicia toda la maquinaria administrativa para convocar un concurso al que podrán optar cuantas empresas lo deseen, dado que la concesión actual con Canal de Isabel II expira el 31 de enero del 2010, pero se puede prorrogar hasta el 1 de agosto (seis meses más), tiempo en que el ayuntamiento deberá tener resuelta la nueva concesión.
Este pliego técnico previo, que ahora tendrán que estudiar todos los grupos, contempla las condiciones que han de regir el nuevo servicio. La novedad es que la empresa, por un lado, ejecutará obras por valor de 33 millones de euros. Son las siguientes: captación de agua en el Guadiloba (420.000 euros), inversiones en tratamiento de agua (860.000), transporte (860.000), regulación de los depósitos de la Montaña (750.000), renovación de la red (13 millones), aguas residuales (3,5 millones) y renovaciones varias de saneamiento (10 millones). La intención es que en las próximas dos legislaturas estas obras estén realizadas.
Además, la empresa abonará 31 millones de euros de canon, dinero que el ayuntamiento empleará para costear su plan de saneamiento tras el préstamo que se vio obligado a pedir para pagar a los acreedores. Lógicamente, el grupo que opte al concurso ha de ser solvente. López dijo ayer que hay un periodo muy amplio para que la empresa amortice esta inversión con el cobro de la tarifa ya que el pliego de prescripciones administrativas contemplará un periodo de concesión de 20 a 24 años.
Las condiciones que se le exigirán a la nueva empresa se incluyen en este borrador técnico, hecho por los técnicos y partiendo de dos premisas: el conocimiento que el ayuntamiento tiene del servicio y las necesidades más perentorias del mismo.
