Tecnología Extremeña del Litio, empresa participada por Infinity Lithium y que promueve el proyecto de la mina de Valdeflores, achacó ayer al ayuntamiento que no pueda proceder a la restauración de los caminos y a dar cumplimiento al expediente sancionador de la Junta. «Es complicado que la ciudadanía entienda que se nos obligue a restaurar el espacio y al mismo tiempo se nos impida la entrada para hacerlo», aseguró ayer en un comunicado David Valls, representante de Tecnología Extremeña del Litio.

En su expediente sancionador, la entonces Consejería de Medio Ambiente multó con 2.500 euros a la empresa y obligó a la restauración de los caminos y sendas utilizados en los trabajos de investigación y sondeos en Valdeflores. La compañía recurrió al juzgado y pidió como medida cautelar dejar sin efecto el expediente sancionador hasta que se dictase la sentencia. El juzgado no aceptó la petición de la compañía minera, que está obligada a cumplir con la restauración. En su comunicado de este martes, Tecnología Extremeña del Litio asegura que ya ha depositado los 2.500 euros de la sanción.

Valls defendió este martes que por parte de la empresa se cumplió «con absoluto rigor» con lo establecido en el permiso de investigación». El expediente de la Junta es el primero de los dos que se tramitaron, el otro es del ayuntamiento, con una sanción de 28.000 euros, según expuso el pasado viernes el portavoz del gobierno local, Andrés Licerán. Desde la empresa se aseguró este martes en un comunicado que se desconoce la existencia de ningún tipo de sanción económica vinculada a este expediente, que ha sido recurrido por la empresa «por entender que el ayuntamiento exige un nuevo plan de restauración diferente al presentado y aprobado por la administración minera».

Por otra parte, Samuel Ruiz. director general de Industria, Energía y Minas de la Junta, aseguró ayer a preguntas de los medios de información que por parte de la Junta se sigue con la tramitación de los dos permisos de investigación solicitados por Tecnología Extremeña del Litio, «se siguen tramitando conforme a ley» y con respeto a «la legislación vigente en materia medioambiental». Pese a que las actuaciones administrativas en el permiso principal, el que afecta a las dos cuadrículas donde se proyecta la mina, se reiniciaron hace un año, el director general aseguró que no hay demora y que se está siguiendo la tramitación «de forma ordinaria».

En su informe, que está entre las causas por las que se reinició la tramitación, la Abogacía General de la Junta concluyó que en el primer procedimiento no se habían garantizado todos los requisitos de publicidad exigidos para el plan de restauración vinculado al permiso de investigación minera, que es el paso previo a una autorización de concesión. La Comisión Jurídica de Extremadura no solo se acogió a este informe, sino a la jurisprudencia del Constitucional, para el que la información pública «no es en modo alguno un trámite puramente ordinario», sino que su objetivo es «facilitar el conocimiento público de la realidad ambiental y la implicación de los propios ciudadanos en la lucha contra la degradación del medio y de la biodiversidad».