El expediente y propuesta de sanción a Tecnología Extremeña del Litio (TEL) por los sondeos en Valdeflores es solo una escaramuza en la batalla de la mina de litio en la Montaña. Es un asunto menor. El futuro de la iniciativa se juega en la decisión que se tome sobre la concesión de la explotación de los recursos mineros solicitada por TEL hace un año y medio y sobre la que aún no ha habido una resolución, ni siquiera el expediente se ha expuesto, aunque el acuerdo adoptado hace un año por el ayuntamiento de no modificar el plan de urbanismo aboca al proyecto a no prosperar.
La propuesta de sanción hecha por la Consejería de Medio Ambiente es de solo 2.500 euros. La infracción se tipifica como leve y es una cantidad irrisoria en un proyecto cuya inversión inicial se cuantificó en 341 millones. Pero es un pronunciamiento técnico de la Junta que enmienda la plana a la empresa. Y procede de una consejería, Medio Ambiente, que decide sobre la viabilidad del proyecto. Además su posición concuerda con la de los técnicos del ayuntamiento. Técnicos de Medio Ambiente y del ayuntamiento coinciden en que la empresa se extralimitó cuando hizo los trabajos de investigación (los sondeos) y que realizó modificaciones sustanciales en el proyecto (la apertura de caminos) que necesitaban de una declaración de impacto ambiental abreviada.
Por ahora es una propuesta de sanción, que no pasará a ser definitiva hasta que por Medio Ambiente se resuelvan las alegaciones que se presenten y tanto la empresa como asociaciones ciudadanas ya las han entregado.
La empresa da dos argumentos. El primero es el mismo que esgrimió cuando el ayuntamiento paralizó los sondeos en febrero de 2018. TEL asegura que no se abrieron nuevos caminos, sino que se utilizaron los que usó Tolsa, empresa que hace 25 años ya exploró los recursos mineros de Valdeflores. El ancho de los caminos que se utilizaron en los sondeos de 2017 y 2018 era «el mismo que roturó Tolsa», según aseguró ayer TEL en una nota.
ACTA / El segundo argumento de sus alegaciones contrapone el posicionamiento de Medio Ambiente en su propuesta de sanción con la inspección que técnicos de otra consejería, la de Economía e Infraestructuras, realizaron en febrero de 2018. En el acta de esa inspección se concluye «que las labores de investigación realizadas no exceden a las proyectadas y contempladas en el permiso de investigación y en el plan de labores» que presentó la empresa para obtener la autorización de la Junta y la licencia del ayuntamiento.
Este expediente y propuesta de sanción no entra en el fondo del proyecto. Se limita a los sondeos. Sí lo hacen las alegaciones presentadas por Acima, uno de los colectivos ciudadanos que denunció ante la administración los trabajos hechos. También han alegado la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres y la Asociación de Vecinos de la Sierra de la Mosca.
En estas alegaciones se pide no solo que se vaya al máximo de la sanción posible para las infracciones leves, que es de 24.000 euros, sino que se plantea la anulación del permiso de investigación para la realización de sondeos que la Junta concedió en noviembre de 2016 a Valoriza Minería, empresa de Sacyr que junto a otra australiana participan en TEL. María Ángeles López, presidenta de Acima, razonó ayer que de las modificaciones sustanciales en el proyecto y en el plan de labores, detectadas tanto por Medio Ambiente como por el ayuntamiento, se tiene que derivar la anulación del permiso de investigación, además la empresa empezó a realizar los sondeos sin un trámite y paso necesario: el informe de impacto ambiental abreviado. No se debió comenzar a trabajar sin haber evaluado antes la incidencia en el terreno.
La anulación del permiso de investigación tendría un efecto sobre el asunto clave: la decisión sobre la concesión de explotación de los recursos mineros, que es la que permitiría excavar la mina a cielo abierto y que TEL pidió en base a los resultados de la autorización dada en noviembre de 2016 y que ahora se cuestiona.
