Marco Sosa, directivo de Tecnología Extremeña del Litio, empresa que promueve el proyecto de la mina de Valdeflores, pidió ayer a las administraciones local y autonómica que tramiten el expediente y que «se dé la oportunidad de que el proyecto pueda salir a información pública». Su comparecencia de ayer junto a David Valls, directivo de Extremadura Mining, era para dar a conocer el contenido de la iniciativa, pero las preguntas se centraron en el anuncio del gobierno municipal de que no modificará el plan de urbanismo para permitir los usos extractivos. La decisión del ayuntamiento es a día de hoy fundamental porque su informe es preceptivo y vinculante en la tramitación de la autorización ambiental unificada.

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Pero antes de llegar a ese informe, el ayuntamiento es el encargado de dar publicidad al expediente y de promover la participación de cualquier interesado en el proyecto para la presentación de alegaciones. Sosa no especificó ayer a qué tramite concreto del procedimiento se refería, pero subrayó varias veces que lo que quiere ahora la empresa es «que se inicie el expediente» y que se permita a los ciudadanos «conocer en profundidad este proyecto, tienen derecho a conocer el proyecto, sus bondades, sus implicaciones ambientales y beneficios, para tomar una decisión a favor o en contra», añadió el directivo de la empresa que está participada por Sacyr y la australiana Plymouth Minerals.

Sosa no se pronunció ayer sobre la posibilidad de que la empresa acabe por acudir a los tribunales si el ayuntamiento persiste en mantener la protección del suelo y no permitir la actividad extractiva ni desveló si hay otras alternativas para salvar el ‘no’ del ayuntamiento. El directivo de Tecnología Extremeña del Litio reiteró que lo que ahora espera la empresa es que se «tramite el inicio del expediente para que el resto de las personas y asociaciones interesadas se puedan presentar». Sosa sí admitió que si después del tramite de información pública y tras recabar los informes sectoriales la declaración de impacto ambiental es negativa, «el proyecto no podría continuar».

El ayuntamiento, a través de las manifestaciones de la alcaldesa, Elena Nevado, ha mostrado su oposición al proyecto por su incidencia en el entorno natural de la sierra de la Mosca y por situarse a unos dos kilómetros del núcleo urbano de Cáceres. En declaraciones realizadas por la regidora tras la remisión hace dos semanas de la documentación del proyecto al ayuntamiento por parte de la Junta, Nevado no puso reparos a difundir su contenido, incluso anunció que se colgaría en la web del ayuntamiento.

En cuanto al informe del ayuntamiento en la tramitación de la autorización ambiental unificada, que es previo a la declaración de impacto ambiental y posterior a la información pública del proyecto, su contenido tiene carácter preceptivo y vinculante para el órgano de la Junta que tenga que resolver el procedimiento.

Por parte de la Junta, la portavoz del ejecutivo autonómico, Isabel Gil Rosiña, reiteró ayer, en declaraciones recogidas por Efe, que la administración autonómica aplicará los procedimientos administrativos correspondientes y respetará sus resultados.

EL LAGO / Sobre el llenado del lago que se crearía en el hueco que dejaría la mina a cielo abierto y que según el proyecto ocuparía una superficie de 15 hectáreas, Valls aseguró que los estudios hidrogeológicos que se han presentado hasta el momento «indican que se llenará hasta el nivel freático que existe actualmente». Sosa añadió que si hay dudas sobre la recuperación del espacio con un nivel de agua aceptable para el lago que se planifica, «es razonable que la administración pida estudios complementarios».

En el plan de restauración se apunta que en el estado actual del proyecto «se desconoce cuál será el ritmo de llenado» de la mina «ni la cota final del espejo de agua». En el anexo del plan se añade que el nivel inicial del agua estaría en la cota 440, cien metros por debajo del borde más alto del contorno de la corta a cielo abierto, y a continuación se indica que este dato «se desconoce en el estado actual del proyecto». Valls sí aclaró ayer que no se llenaría con agua del Calerizo, «son formaciones geológicas independientes, donde está la corta es un acuífero diferente al Calerizo».

CASAS/ Valls confirmó que la intención de la empresa es negociar con los propietarios de casas y fincas afectadas por el proyecto y añadió que no se contempla acudir a la expropiación, posibilidad que permite la ley de Minas. En el estudio de impacto ambiental se apunta que «coincide con las viviendas cacereñas del Portanchito y quedará muy próximo a edificaciones localizadas en Cerro Milano». «Se quiere un acuerdo amistoso con la propiedad», añadió Valls, que calculó que habrá menos de diez viviendas «con una afección directa sobre los activos mineros, mientras que con una afección indirecta en el área del perímetro pueden ser unas ochenta». En el proyecto aparece una partida de 5,5 millones para la adquisición de los terrenos.

Preguntado sobre si en Europa hay otro caso de mina a cielo abierto tan cerca de una ciudad, Sosa citó el caso de Plymouth, en Reino Unido. Recordó que la empresa tiene su domicilio fiscal en Cáceres. La previsión de pago de impuestos que se hace en el proyecto es de 223 millones en el periodo de 24 años de vida útil.