El portavoz del gobierno municipal, Andrés Licerán, ha anunciado este viernes que el juzgado de lo contencioso administrativo número dos ha admitido a trámite el recurso presentado por Tecnología Extremeña del Litio contra un expediente sancionador incoado por parte del ayuntamiento. La resolución del ayuntamiento es por incumplimiento de las licencias de obra de menor que se concedieron para los trabajos de sondeo realizados hasta las primeras semanas de 2018 en Valdeflores.

Este proceso se remonta a febrero de 2018, cuando el ayuntamiento ordenó la paralización de los trabajos. El motivo fue que para su realización se ejecutaron otras labores que no coincidían con las condiciones de las dos licencias de obra menor dadas.

Por parte del ayuntamiento se dieron entonces hasta cinco razones para parar los trabajos e iniciar el expediente. El motivo principal fue que los permisos se concedieron para la ejecución de sondeos y sin embargo la empresa realizó otros trabajos como la adecuación de dos viales con la construcción de plataformas, la apertura de caminos y la creación de explanadas donde se abrieron balsas de decantación, además de otros motivos como que el proyecto se debió someter a evaluación de impacto ambiental abreviada.

Tecnología Extremeña del Litio, empresa que está participada por Infinity Lithium, que es la que lidera el proyecto minero-industrial, presentó alegaciones en las que aseguró respecto a la apertura de los caminos que no se abrieron nuevos accesos, sino que se utilizaron los que usó Tolsa, empresa que hace casi tres décadas ya exploró los recursos mineros de Valdeflores.

El portavoz del gobierno local recordó que en el expediente sancionador del ayuntamiento se impone una multa de 28.000 euros y se exige la restauración de todos los daños ocasionados sobre el terreno, «se sobrepasaron los límites» de las licencias, aseguró este viernes Licerán, que reiteró la negativa del gobierno local a la autorización del proyecto minero de Valdeflores (necesita de una modificación del plan general municipal de urbanismo) y consideró que la presentación del recurso por parte de la empresa son «los últimos coletazos de un proyecto que está en vía muerta». Licerán informó de este asunto al término de la junta local de gobierno, a la que se llevan los asuntos judiciales que afectan el ayuntamiento.

El del consistorio no fue el único expediente sancionador que se abrió, también la entonces consejería de Medio Ambiente impuso una multa de 2.500 euros. Los técnicos de la consejería coincidieron con los del ayuntamiento en que la empresa se extralimitó cuando hizo los trabajos de investigación (los sondeos) y que realizó modificaciones sustanciales en el proyecto (la apertura de caminos) que necesitaban de una declaración de impacto ambiental abreviada. La empresa de la mina se defendió en sus alegaciones insistiendo en que no se abrieron nuevos caminos.