La modificación de las ordenanzas fiscales, que se publicará hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, introduce nuevas bonificaciones en los principales impuestos de gestión municipal (IBI, Vehículos, Obras e IAE). La Federación Empresarial Cacereña (FEC) ha reclamado, en las alegaciones que presentó a la variación de las ordenanzas, una ampliación de esa rebaja fiscal con la incorporación a la normativa de prácticamente todas las bonificaciones que la reforma de la Ley de Haciendas Locales permite aplicar a los ayuntamientos.

Las alegaciones de la federación no se han estimado. No es la primera vez que el colectivo empresarial solicita la imposición de los máximos porcentajes de bonificación autorizados por la ley, que ya se reclamaron cuando hace un año y medio se revisó la ordenanza del impuesto de obras.

Las principales diferencias que en materia de rebaja fiscal hay entre el ayuntamiento y la federación se dan en los impuestos de actividades económicas y de construcciones y obras. El ayuntamiento amplía en el IAE la bonificación a empresas de nueva creación, que será del 50% durante un periodo de cinco años, y aplica el mismo porcentaje a las empresas que durante dos ejercicios seguidos obtengan rendimientos netos negativos. La federación reclama que también se incorporen a las ordenanzas fiscales las otras dos bonificaciones que permite la legislación, ambas por un 50% de la cuota del impuesto, y que son por creación de empleo con contrataciones indefinidas y por la utilización de energías renovables y sistemas de cogeneración.

CONSTRUCCION E INSTALACION

La modificación de las ordenanzas, que aunque se publica hoy entra en vigor el 1 de enero del 2003, no altera las bonificaciones que para el impuesto de obras entraron en vigor en el 2002, una rebaja fiscal que va del 30 al 50% en función del tipo de construcción (inmuebles que tienen valor histórico, edificios que están en el casco viejo y en el recinto intramuros y construcciones con utilidades sociales) y que también bonifica, hasta un tope del 40%, la creación de puestos de trabajo.

La federación vuelve a reclamar la aplicación de los porcentajes máximos de bonificación, el 95% y el 50% en función de cada caso, y ampliar la rebaja al resto de edificaciones que aparecen en la ley: construcciones que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, instalaciones vinculadas a planes de fomento de inversiones privadas en infraestructuras y los pisos de protección oficial, un tipo de vivienda para el que la federación también plantea que la bonificación en el IBI de la que se benefician sus propietarios se aplique durante dos periodos impositivos más, pasando de tres años desde el otorgamiento de la calificación a cinco.