El conflicto entre empresarios y sindicatos de hostelería, lejos de aplacarse, parece reavivarse tras la sentencia judicial que da la razón a la patronal --al menos en la interpretación que esta hace de las subidas salariales acordadas en el convenio de 2008, 2009 y 2010-- y la intención de estos de solicitar que se ejecute. La sentencia es firme porque ya pasó el plazo para que los sindicatos que demandaron a la Federación Empresarial Cacereña (Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF), presentaran un recurso ante el Supremo.

"Los sindicatos no quieren aceptar la sentencia y por eso no se pueden aplicar las tablas salariales de los trabajadores de la hostelería para estos años", explicó ayer el presidente de la Federación Empresarial Cacereña, César Martín Clemente. A su juicio, la decisión de los sindicatos "repercute en la empresa en sí", que debe contar con unos depósitos para que cuando las tablas se firmen puedan llegar a los bolsillos de los trabajadores, pero también en los trabajadores, porque "está impidiendo medidas positivas a favor de estos", explicó.

El problema entre sindicatos y empresarios es de interpretación. El convenio acordado establece una subida del IPC real de cada año más el 0,75%, partiendo del 4% a cuenta. Eso supone que la subida de los salarios del 2008 con relación al 2007 resulta de incrementar en un 0,75% la cifra real del IPC de ese año 2008, con un incremento a cuenta del 4%. Con la sentencia en la mano los empresarios piden que se recalculen las tablas salariales desde el 2008, aplicando sobre ellas la reducción que resulta de la bajada del IPC, que ese año fue del 1,4% (más el 0.75 pactado). Como consecuencia la subida real que debería aplicarse sería del 2,15%, y además sobre esa cantidad hay que recalcular las tablas salariales de 2009 y 2010 y no sobre las tablas que resulta de aplicar la subida a cuenta (del 4%), como piden los sindicatos.

"El juez les da la razón en cuanto a la interpretación de que ese 4% no es el mínimo que debe subir los salarios cada año, como entendíamos, pero no dice que haya que tocar las tablas salariales del 2008 y 2009 como ellos --los empresarios-- pretenden, lo que supondrá que los trabajadores pierdan dinero y a eso nos oponemos", señaló a este diario la secretaria de Acción Sindical de la Federación del Comercio y la Hostelería DE CCOO, Carmen Suárez. Por eso ella y la representante de CSI-CSIF, Carmen Martín, se niegan a firmar las tablas que elaboraron los empresarios tras conocer el fallo. Más cauto se mostró el representante de UGT, Raimundo Medina. Apeló a "buscar una solución intermedia" y asume que fue "un error o una metedura de pata" por parte de los sindicatos no percatarse de que la interpretación que se podía hacer en el punto de las subidas salariales podía generar discrepancia.