Los nueve subinspectores de Empleo y Seguridad Social con que cuenta la Inspección Provincial de Trabajo de Cáceres --un 40% menos respecto a 1992, en que había 12-- realizaron ayer un encierro como protesta por su "situación de precariedad" y en demanda de mejoras de trabajo.

Emilio Pérez y Narciso Jiménez, en representación de estos trabajadores, explicaron que el aumento de recursos humanos y técnicos es una de sus principales reivindicaciones, "pues la plantilla actual, que ya era insuficiente para el trabajo que venimos realizando, no va a poder hacer frente a la nueva labor que ahora se nos encomienda, cual es la inspección generada por el proceso de regularización de inmigrantes".

Según matizaron, este proceso obliga a los 700 subinspectores de Trabajo de toda España a realizar hasta final de año más de 230.000 visitas programadas, de las que unas 2.000, según las previsiones, tendrían que desarrollarse en la provincia cacereña. "Es algo que estimamos imposible asumir con la plantilla actual y sin hacer dejación del resto de nuestras funciones, como son las de realizar cada uno unas 60 visitas trimestrales, examinar documentación, extender actas de infracción o realizar los pertinentes informes".

Además del incremento de la plantilla, exigen la retirada de la última instrucción de productividad aprobada por la Dirección General de la Inspección de Trabajo, que sitúa en 80 el mínimo de visitas; y la elaboración y aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo.

Los subinspectores de trabajo, que realizarán mañana un nuevo encierro, no descartan otras medidas, incluída la huelga, si no se atienden sus demandas.