"Nos han tratado muy mal y es justo que paguen por lo que nos hicieron, sin razón alguna, y por los más de dos años de penurias que nos han obligado a pasar". Es la reacción de Margarita Mier Tarrasón y su esposo Pascual Pardo cuando se les pregunta por la sentencia judicial que condena al concejal Joaquín Rumbo y a Guadalupe Iglesias, presidenta de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara.

De su denuncia se derivó el proceso judicial que ha llevado a Rumbo a la inhabilitación, algo que ellos opinan "se merece", aunque no es lo que más les importa. "Lo que nosotros queremos es que se nos compense económicamente por el daño moral y las pérdidas que nos han causado".

Por ello, anuncian que recurrirán el fallo, al considerar que merecen una indemnización mayor a la que se les ha concedido, "pues nosotros hemos perdido nuestro medio de vida y, además, todos lo que teníamos en el bar de la asociación y que la policía local, por orden de Rumbo, se llevó al depósito municipal".

Tras nueve años regentando un bar en Aliseda, Pascual Pardo, de 43 años, y Margarita Mier, de 37, decidieron hace unos cuatro años hacer las maletas y con sus hijas, de 12 y 13 años, venirse a Aldea Moret, donde reside la madre de Pascual, "para buscarnos la vida, pues el bar del pueblo empezaba a ir mal".

Una vez en Aldea Moret, llegaron a un acuerdo con la presidenta de la Asociación de Vecinos Santa Bárbara para montar un bar en la sede vecinal. Se hizo el oportuno contrato y empezaron a funcionar "bastante bien, pues al menos, después de pagar el alquiler y los recibos de la luz, el agua y demás impuestos, nos quedaba para vivir".

Pero surgieron los problemas. Margarita reconoce que tuvo enfrentamientos con Guadalupe Iglesias, incluso que en algún momento llegó a insultarla y a llamarla ladrona, pero asegura que nunca dejaron de pagar los recibos de la luz. "Si cortaron la luz fue porque querían que nos fuéramos, porque Guadalupe se empeñó en echarnos y al final lo consiguió. Sin razón alguna nos dejaron en la calle, sin medio alguno para vivir, y tratándonos peor que a los animales", critica con enojo.

Un futuro incierto

El 22 de noviembre del 2002 a Pascual Pardo y Margarita Mier les desalojaron, por orden del ayuntamiento, del bar de la sede vecinal de Aldea Moret, y desde entonces, aseguran, han pasado grandes penurias, "nos ha faltado hasta para comer".

Han subsistido como han podido, ella limpiando escaleras, él en trabajos temporales --ahora, por sufrir una minusvalía reconocida en la vista, vende cupones de la ONCE en Coria--, a la espera de que se concluyera el proceso judicial y que la resolución les fuera favorable.

Así ha sido. La sentencia les ha dado la razón, reconoce que el concejal y la presidenta vecinal no actuaron correctamente, "algo que nosotros agradecemos, pero que no compensa todo el daño que se nos ha hecho", insisten. Por ello esperan que cuando recurran también se les dé la razón y reciban la indemnización que, en su opinión, se merecen.