"España tiene que reducir su factura energética"

La frase es de Anselmo Menéndez, subdirector general de Políticas y Ayudas a la Vivienda del Ministerio de Fomento, y resume el espíritu que ha hecho nacer e implantarse rápidamente la última gran serie de cambios normativos en materia de vivienda y eficiencia energética. Aunque por desgracia, vamos a la cola, ya que la normativa de eficiencia energética recientemente instaurada es una transposición de una directiva europea de 2002, la 2002/91/CE, que fue modificada a su vez por otra directiva europea en el año 2010, la 2010/31/UE. Por tanto, España ha tardado más de 10 años en implantar una normativa europea de obligado cumplimiento para los estados miembros. En el resto de Europa, se han ido adaptando a ellas y es obligatorio certificar todos los edificios. El gobierno español no atendió a esta directiva hasta el pasado 5 de abril con la aprobación del Real Decreto 235/2013. Atendiendo a sus obligaciones en eficiencia energética, tras una sanción económica por parte de la Unión Europea. A pesar de la sanción, lo único que añade este nuevo Real Decreto es tener en cuenta los edificios existentes y parte de la última directiva, quedándose aún a bastante distancia respecto de otras obligaciones legislativas comunitarias. Uno de los recientes pasos de acercamiento a la implantación de estas leyes es la reciente entrada en vigor del régimen sancionador para la certificación energética, contemplado en una disposición de la ley de rehabilitación ya publicada en el BOE y en vigor. Las infracciones serán leves, graves o muy graves y las multas irán de 300 a 6.000 euros. Por ejemplo, será caso de infracción publicitar la venta o alquiler de una vivienda sin hacer mención a su calificación de eficiencia energética o exhibir la etiqueta energética sin el formato y contenido mínimo legal tal y como se contempla en la disposición adicional tercera de la ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Los sujetos responsables de las infracciones en materia de certificación energética serán tanto personas físicas, como jurídicas o comunidades de bienes y el organismo encargado de sancionar será el correspondiente a cada comunidad autónoma. En contra de la opinión que muchos ciudadanos puedan tener acerca de la implantación de los certificados energéticos calificándolos como un impuesto más, no es así, esta nueva normativa atiende a un propósito internacional de intentar mejorar en el plano de la ecología, el medio ambiente y la concienciación ciudadana sobre el ahorro energético. El Gobierno ha hecho su parte del trabajo. Ha obligado a que los datos de eficiencia energética de un inmueble sean puestos a disposición del 'consumidor inmobiliario'. Estos cambios normativos, vienen acompañados de un Plan de vivienda 2013-2016 en el cual se fomenta la Rehabilitación, ofreciendo importantes subvenciones que supondrán un ahorro de costes a los propietarios que rehabiliten sus inmuebles, en base a unos informes profesionales de evaluación que emitirá el denominado 'agente rehabilitador' como técnico habilitado por la consejería competente en materia de Vivienda. La denominada política de las 3R, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, garantizará indirectamente la reducción de la factura energética nacional al mejorar la calificación energética del parque inmobiliario. Según datos oficiales por cada millón de euros de subvenciones se crearán 18 puestos de trabajo directos y 28 indirectos. En España hace falta concienciación para el ahorro y una cultura regeneradora. Hay que hacer por ley algo que sea viable para el ciudadano: que sepa dónde vive, cuánto consume, cuánto contamina y qué puede hacer su inmueble más 'ecológico' o cómo ahorrarse unos euros en sus facturas energéticas.