Unos 40 cacereños, la mayoría de ellos propietarios de viviendas, garajes o locales comerciales del edificio El Carmen, situado en la zona de Los Frates, se ven afectados por la estafa inmobiliaria que estos días se juzga en la sección primera de la Audiencia Provincial.

A todos ellos salpica en mayor o menor medida el caso del promotor Rafael M. G., natural de Alcuéscar y residente en Cataluña, que en 1992 inició en Cáceres las promociones de los edificios La Escala y El Carmen, ambas en Los Frates. El problema surgió cuando a partir de 1996 se intentaron hacer reclamaciones a la sociedad constructora --bien por deficiencias en las construcciones o por deudas a diferentes proveedores--, pues el promotor había constituido una nueva sociedad y la anterior resultó descapitalizada y, por esta causa, totalmente insolvente.

TESTIMONIO DE LOS AFECTADOS

Así se puso de manifiesto en la primera sesión del juicio que contra este promotor y sus nueve socios se celebra estos días en la Audiencia Provincial. Ayer, en la segunda sesión del juicio, declararon algunos de los afectados, que manifestaron en todos los casos que en su día no pudieron reclamar nada al promotor "porque la sociedad no tenía fondos y él desapareció de Cáceres".

La anécdota de la sesión fue la imposibilidad de declarar de uno de los principales perjudicados. Aquilino O. B., que instaló el sistema de calefacción y aire acondicionado de las viviendas y al que Rafael M. G. dejó sin pagar parte de los trabajos contratados --ahora reclama 54.090 euros--, no pudo testificar al haber estado presente en la sesión del día anterior, en la que declararon el promotor y algunos de sus socios.

"Nadie me había dicho que no podía estar presente y hoy me he llevado una sorpresa al no poder testificar", indicó un poco indignado a este diario.

Sí lo hicieron otros perjudicados que como el anterior están personados en la causa como acusación particular. Fue el caso de José M. C., que manifestó que compró una vivienda a Rafael M. G. con una terraza que le costó dos millones más y que posteriormente estuvo obligado a derribar, lo que le supuso otro millón más, "porque era zona comunal del edificio y yo no lo sabía".