La consejera para la Transición Ecológica, Olga García, compareció ayer ante el pleno de la Asamblea de Extremadura para contar lo que ya se sabía del proyecto de la mina de litio en Valdeflores: la tramitación del expediente va a seguir hasta el final y se respetarán las competencias que tiene el Ayuntamiento de Cáceres en materia urbanística, lo que significa que la mina no podrá autorizarse si la protección que la norma local da al suelo está lo suficientemente motivada para que la empresa no pueda acogerse a las salvedades de la Ley de Minas. Habrá expediente de mina para largo. Para muchos meses, tantos que la planificación de la empresa de empezar a construir en 2021 difícilmente se podría cumplir. Pero es que además a día de hoy la mina no puede autorizarse. No puede salir adelante con la regulación del plan de urbanismo de Cáceres.

No obstante, a pesar de que contó lo que ya se esperaba, de la intervención de García sí hay varios apuntes que son destacados. El primero es que la empresa ya tiene en la recámara otros proyectos si no sale el de Valdeflores. La consejera confirmó que Castilla Mining -su administrador es uno de los directivos de la empresa de Valdeflores- presentó en junio un permiso de exploración de una superficie incluso mayor y que afecta, además de al término de Cáceres, al de Sierra de Fuentes y Torreorgaz.

El segundo es que aunque García mantuvo en todo momento una actitud institucional, también marcó distancia con Infinity Lithium --principal promotor del proyecto de la mina- cuando, tras afirmar que respeta su política de marketing, aseguró que la Junta «no valora supuestos proyectos de viabilidad» y cuando cuestionó el uso que la empresa hace de la información institucional de la Junta sobre el potencial minero de la región, «nadie puede asociar una iniciativa privada a una publicidad institucional porque la voluntad empresarial va por un lado y la de la Junta va por otro».

El tercer apunte destacado es que García recordó que lo que hay ahora sobre la mesa son solo proyectos de investigación y de exploración, que son previos y que tienen una tramitación diferente a los expedientes de concesión de la explotación que son los que realmente autorizan que se excave la mina. «El permiso de investigación no es una actividad irreversible y en la inmensa mayoría de los casos no conlleva la apertura de una mina y menos de una forma inminente», explicó la consejera.

POLI BUENO Y MALO / García y el diputado socialista Carlos Labrador jugaron ayer al poli bueno y al poli malo. El segundo dijo claramente lo que no podía decir tan claro la primera. García, consejera, representa a la institución y subrayó en varias ocasiones que la Junta «no va a vetar de entrada ningún proyecto, no podemos cancelar un expediente de una forma arbitraria y sin justificación, sería un delito y se atacaría la seguridad jurídica» que se debe dar a empresas y particulares. Por si no había quedado claro, García cerró su intervención asegurando que «lo principal es que la tramitación continua».

Labrador dijo claramente lo que García citó al cierre de su primera intervención. El diputado socialista, partido que gobierna la Junta, aseguró «para que a nadie le quede duda» que la decisión final de la mina le corresponde al Ayuntamiento de Cáceres, que tiene el plan de urbanismo para intentar parar el proyecto. «Si Cáceres no quiere mina, nunca, reitero, nunca habrá mina», afirmó. Es decir, que la Junta no utilizará ninguna figura legal a su alcance para saltarse al ayuntamiento, ni un proyecto de interés regional ni otra figura similar.

Labrador tuvo la rotundidad que la diputada de Unidas Podemos, Irene de Miguel, y el del PP, Bibiano Serrano, pidieron a la consejera. De Miguel calificó de sospechosa la seguridad con la que la empresa ha asegurado que en 2021 se podría empezar a construir y que en 2023 podría estar en funcionamiento la planta para transformar el mineral en hidróxido de litio y le preguntó a García su opinión, que no la dio, «la Junta no valora notas de prensa, ni reuniones, ni fichajes, en esta consejería no trabajamos en base a opiniones», dijo.

Serrano demandó a García la rotundidad de su antecesora, Begoña García Bernal, cuando aseguró en 2018 que sin el cambio del plan de urbanismo de Cáceres no habría declaración de impacto ambiental positiva para la mina. García no entró en este asunto, en uno de esos vacíos de su intervención que dan a entender que el ‘no’ definitivo a la mina puede no estar tan claro pese al plan de urbanismo de Cáceres.

Y es que a veces García parecía estar más cerca de Cayetano Polo, diputado de Cs, que del resto de intervinientes. Polo insistió en que tendrán que ser los técnicos competentes de la Junta los que digan si la mina es posible o no (en eso es en lo que se está con el trámite de este expediente -al igual que con los demás-) y si su cercanía a la ciudad es un argumento de suficiente peso para rechazar el proyecto. Polo defendió que se debe poner «una alfombra roja» a la empresa «hasta que veamos si el proyecto es viable o no y lo permite la normativa». García compartió el criterio de Polo de que «cualquier proyecto debe someterse a un análisis profundo, recabando todos los informes» para «emitir una resolución en el sentido que corresponda». Es decir, en la tramitación del expediente y en su resolución se tardará bastantes meses.