La junta local de gobierno acordó ayer que el ayuntamiento se persone en el recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo (TS) por la sociedad GP Promoción del Suelo. De esta forma, el proceso por la expropiación de tres fincas para la ampliación del parque del Príncipe seguirá, por el momento, por la vía judicial, una posibilidad ya apuntada hace menos de un mes por el alcalde, José María Saponi, cuando recordó que el consistorio se tendría que personar en el recurso de casación ante el TS si la sociedad lo planteaba. Lo que está en juego en este proceso es que el consistorio afronte un coste que ahora es de 5,7 millones, una decisión que tomará el TS.
El portavoz del gobierno local, Andrés Nevado, informó ayer de que el ayuntamiento ha recibido una citación del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en la que concede al consistorio un plazo de 30 días para que se persone en el recurso de casación interpuesto ante la sala tercera del TS. "El acuerdo de la junta es personarse", dijo Nevado, que no aludió en su comparecencia pública a si en las últimas semanas se han tenido contactos con la sociedad, ya que el gobierno es, según la opinión dada por Saponi, partidario de llegar a un acuerdo negociado.
La sociedad recurre ante el TS la sentencia del TSJEx que valoraba en 6,3 millones de euros el justiprecio de tres fincas propiedad de GP Promoción del Suelo, sociedad que cuantificó el valor de esos terrenos en 14,3 millones en el recurso judicial que inició en el 2003 ante el TSJEx.
Este proceso se inicia hace cinco años cuando la citada sociedad solicitó al ayuntamiento la expropiación de tres fincas, que juntas suman 1,9 hectáreas (superficie algo superior a la que ocupan dos campos de fútbol) y que en el plan general de urbanismo quedaban destinadas a la ampliación del parque del Príncipe. El ayuntamiento adquirió esas fincas a mediados del 2003, y las pagó en base a la valoración que hizo el jurado de expropiaciones forzosas, que estimó su coste en 655.000 euros. El jurado realizó su valoración en función de los precios reflejados en los contratos de compraventa de los terrenos por parte de la citada sociedad, contratos que se escrituraron en los meses de enero, marzo y diciembre de 1999.
La sociedad recurrió ante la Sala de lo Contencioso del TSJEx al no estar de acuerdo con el justiprecio fijado por el jurado de expropiaciones. GP Promoción del Suelo solicitaba al TSJEx que el justiprecio se estableciese en 14,3 millones y que se condenase al ayuntamiento a pagar 13,6. El TSJEx, en una sentencia de abril, dejó el justiprecio de las tres fincas en 6,3 millones de euros (el ayuntamiento ha pagado 655.000 euros, y restan 5,7 millones). Esos 6,3 millones son menos de la mitad de lo pedido por la sociedad, pero diez veces más de lo fijado por el jurado provincial de expropiaciones.
