En abril cumplieron los cinco años desde el inicio del proceso. En ese momento, la Asociación Cacereña Contra el Ruido presentó una querella criminal en relación al ruido nocturno que generaban los múltiples bares de copas en la plaza Albatros. En el 96, La Madrila ya había sido declarada zona ambiental protegida, por lo cual la administración tenía el deber de vigilar la contaminación acústica en el barrio. Todo ello provocó el proceso judicial en el que a día de hoy están acusados 11 empresarios para los que la Fiscalía pide tres años y tres año y nueve meses de prisión dependiendo del local concreto y la que por entonces era alcaldesa, Carmen Heras, y uno de sus ediles para los que se solicitan un año y nueve meses de prisión. Actualmente, los implicados están a la espera de la fijación de la competencia (bien Audiencia Provincial o Juzgado Penal) y, por ello, de la fecha exacta del juicio.
