La familia de la mujer que se arrojó por una ventana del hospital San Pedro de Alcántara en enero del pasado año reclama al Servicio Extremeño de Salud (SES) 100.000 euros por los daños personales causados. La Audiencia Provincial de Cáceres archivó la causa penal en la que llegó a estar imputada por homicidio imprudente una de las enfermeras que la atendió, al entender que no era responsable del fallecimiento de la paciente. Ante esta decisión los sobrinos de la víctima (no tenía descendencia) han decidido presentar una reclamación patrimonial porque insisten en que el SES es responsable de lo ocurrido.

La paciente, de 77 años, había ingresado cuatro días antes de fallecer aquejada de una meningitis que le provocaba alucinaciones. Por esta razón se le había pautado una medicación y la necesidad de no dejarla sola en ningún momento en la habitación. Sus sobrinos hicieron turnos para acompañarla pero un día uno de ellos se tuvo que marchar antes de que le llegara el relevo, hecho que comunicó al equipo de enfermería de la planta para que estuvieran pendientes de ella.

Pasado un tiempo un enfermero pasó por la habitación y se extrañó al no encontrarla en la cama y percatarse de que la ventana estaba abierta. Se precipitó desde la tercera planta y su cuerpo fue hallado por un joven tirado en el suelo del patio interior del segundo piso del hospital.

«Entendemos que es del todo inaceptable que el personal sanitario derive en los familiares el cuidado y la supervisión de los pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de una enfermedad tan contagiosa y grave», señala la familia en la reclamación que ha presentado su abogado, Daniel López. Y aclara que el suceso se produjo «no porque quisiera quitarse la vida, sino por las alucinaciones que sufría». Por esa ventana, en una de sus alucinaciones, veía a su hermano, que le hablaba.

Añaden además que no se actuó conforme al protocolo, ya que a la mujer no se le proporcionaron los sistemas de contención establecidos: Solo le pusieron el cinturón magnético y le ataron las manos con vendas (prohibido expresamente por el protocolo), tal y como se pudo comprobar en la investigación que llevó a cabo el juzgado.