La familia del matrimonio asesinado el 21 de octubre en un chalet del residencial Montesol, se opone a la excarcelación del chófer y hombre de confianza que tenía contratado la pareja, Rafael S. G., y que está imputado por el doble homicidio que sobrecogió a la ciudad hace dos meses. Precisamente hoy se cumple un mes del ingreso en prisión de los dos imputados en el crimen, el conductor y la asistenta brasileña del matrimonio, Angela A. da C. El matrimonio, Juan Antonio Torrecilla, de 54 años, y Mercedes García, de 52, murieron por los golpes con un bate de béisbol y puñaladas que les asestó su asesino o asesinos.

Los abogados que representan a los tres hijos de la víctima y a una prima de la fallecida, Santiago Hurtado e Ildefonso Seller, respectivamente, presentaron ayer en el juzgado número 3 que instruye el caso, sus escritos de alegaciones a la solicitud de puesta en libertad de Rafael S. G. que formuló el fiscal. el pasado 20 de noviembre. El fiscal entiende que existen "dudas de su participación en los hechos".

No opinan lo mismo los letrados de la familia, que en este proceso ejercen la acusación particular. Santiago Hurtado considera que no solamente existen "sospechas" sino indicios "racionales de criminalidad". A su juicio, estos indicios estarían basados en la declaración de la coimputada Angela A. da C., que lo señala directamente como autor material del doble asesinato, y en las supuestas contradicciones en las que ha incurrido el chófer en sus sucesivas declaraciones.

RIESGO DE EVASION Hurtado entiende que el delito que se les imputa es lo suficientemente "grave" y "doloso", con penas que excederían "con mucho" los diez años, para mantener la medida cautelar de prisión provisional incondicional del detenido. "No queremos efectuar acusaciones vanas y sin base material alguna, pero tampoco queremos que se escabullan o evadan de la acción de la justicia los que puedan tener participación en un hecho delictivo de tal calibre", argumenta el abogado de los tres hijos de las víctimas.

Asimismo, considera que existe "claro riesgo tanto de obstrucción a la justicia, alteración de prueba y evasión del imputado" o incluso de que pueda "actuar en contra de bienes jurídicos de la víctima", o sea sus hijos, explica, que tienen conocimiento de circunstancias relevantes del caso. Por todo ello, solicita que no se acepte la petición de excarcelación. El abogado Ildefonso Seller, por deseo expreso de su cliente, según manifestó a este diario, declinó ahondar en los argumentos de su oposición a la libertad del imputado.

Los abogados quisieron agotar el plazo para presentar sus alegaciones, plazo que concluía ayer. Los letrados confían en que la jueza instructora, Mari Luz Charco, tome una decisión sobre la prisión entre hoy y mañana.

Por su parte, el abogado defensor del chófer, Crescencio Canelo, manifestó su "confianza" en que la jueza atienda la petición del fiscal, a la que él mismo se ha sumado. "Mi cliente mantiene su inocencia y además no hay pruebas contra él", aseguró.