El ensanchamiento completo de la calle Mira al Río sigue estancado. La familia Salas, propietaria e inquilina de la vivienda del número 4, la única que aún queda en pie tras las obras de San Roque, se resiste a abandonar su casa. La familia recurrió la semana pasada la orden de desalojo solicitada por el Ayuntamiento de Cáceres al Juzgado de lo Contencioso número 2, que instruye el caso.
El ayuntamiento preveía ocupar esta vivienda a mediados del mes de enero, sin embargo el proceso sigue dilatándose. Además de las alegaciones contra el desalojo, la familia ha presentado otros tres recursos contra esta operación urbanística: uno contra la modificación del plan urbano, otro contra la expropiación y otro contra la expropiación forzosa. La familia, de 5 miembros, no está de acuerdo con el dinero ofrecido por la expropiación, 84.343 euros.
En cuanto a las alegaciones al desalojo, el representante legal de la familia alega que este órgano no es el competente en dirimir este asunto y, en su lugar, debería hacerlo la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
