La Federación Empresarial Cacereña (Fec) valora en 70 millones el coste que la no adjudicación del concurso del agua tendrá para el ayuntamiento. Asegura que el desistimiento del proceso que el pleno aprobó hace una semana causa "un grave perjuicio" a la ciudad. Y reclama a los grupos políticos que encuentren una solución que permita la inmediata adjudicación de este concurso.

La federación pide a PP e IU que actúen con responsabilidad. Se dirige en concreto a estos dos partidos ya que con sus votos se aprobó el pasado 17 de marzo el desestimiento del proceso, esto supondría su finalización, y que se inicie un nuevo concurso.

El gobierno local (PSOE y FC) no ha aplicado todavía el acuerdo del pleno al considerar que es ilegal. Antes de adoptar una decisión se solicitará asesoramiento al consejo consultivo de Extremadura. El PP no esperará y demandará que la decisión se ejecute si en unos días no se ha llegado a cumplir el acuerdo.

"Nos pronunciamos por responsabilidad, nos da igual a qué empresa se conceda la gestión, pero no se puede estar sin adjudicación más tiempo", indicaron ayer fuentes de la federación.

Los 70 millones saldrían de los 37,7 del canon inicial que el consistorio recaudaría de la empresa que gane el concurso, de una estimación de 3 millones que se deberían abonar a las empresas que licitan para compensarlas de los gastos de preparación de sus ofertas y depósito de avales, y de otra previsión de 30 millones que puede reclamar Acciona por el lucro cesante al quedarse sin la adjudicación. A estas cifras se sumarían 13 millones de obras que no se harían, indicaron las fuentes de la federación.

EMPRESAS A este concurso se han presentado Acciona, Canal de Isabel II, Aqualia y Aguas de Cáceres. La ley de Contratos fija que en caso de desistimiento se las debe compensar por los gastos que han tenido. Acciona es la propuesta por la mesa de Contratación para que se le adjudique el concurso del agua.

La federación considera que con la decisión del pleno "se está poniendo en bandeja" a Acciona que reclame y recurra porque no se dan los argumentos que establece la legislación para el desistimiento del proceso. La legislación establece que se deben exponer razones de interés público y basar la decisión en una infracción insubsanable de las normas del proceso, que se guía por un pliego de condiciones.

Para la federación empresarial no se puede decir ahora que hay una infracción no subsanable de las normas porque el PP "votó a favor de la validez" de las mismas al aprobar el pliego. Y añade: "No tiene explicación que se haya esperado a conocer la propuesta de la mesa de Contratación para denunciar ahora esas irregularidades --en el pliego de condiciones del concurso--, cuando lo lógico es que si existían no se hubiera esperado a la apertura de las plicas" con las ofertas de las cuatro empresas.

Representantes de Acciona estuvieron ayer en el ayuntamiento para solicitar certificación del acuerdo del pleno del 17 de marzo. Su recepción es previa a las acciones administrativas o al recurso contencioso que presente Acciona contra los acuerdos del pleno. Otras empresas licitadores tampoco han descartado la presentación de recursos.

La federación recalca que la no adjudicación llevará al ayuntamiento "a la más absoluta de las bancarrotas por una decisión irresponsable de carácter político", y recuerda que cada día sin recibir el canon cuesta al consistorio más de dos mil euros de los intereses de los seis créditos que se cancelarían con este canon.

La Fec reitera que empresas cacereñas que son acreedores del consistorio están pendientes de ese canon. Y concluye que su pérdida "puede llevar a la ruina a empresas de la ciudad, siendo inimaginable el coste económico y social que la decisión de PP e IU conlleva".

El viceportavoz del grupo municipal del PP precisó ayer que el acuerdo del pleno se tomó por responsabilidad, dado que el gobierno pretendía adjudicar el concurso a Acciona, que "no es la mejor oferta". Subrayó que han expuesto con claridad sus argumentos, que cumplen con la ley de Contratos, y apuntó que la propuesta de la mesa no genera derechos. Respetó la opinión de la Fec, pero recordó que no se pronunció cuando el proceso se inició con retraso (tras barajarse durante medio año la empresa mixta).