Si uno da una vuelta por Capellanías, el principal centro empresarial de la ciudad, enseguida comprueba que Cáceres no es industrial. No es que haya pocas industrias, es que prácticamente no hay ninguna. A Charca Musia, levantado sin orden ni concierto y sin encomendarse a normas, mejor no ir. Salvo Catelsa, poco más. Antes estaba Induyco, pero mucho antes, cuando el ayuntamiento le vendió 5 hectáreas con un precio de enajenación de 11.420 euros, con la condición de instalar una fábrica de prendas de vestir con una plantilla de 1.000 a 1.500 trabajadores y con la salvedad de que si se incumplía este requisito el suelo revertiría a la ciudad. Hace muchos años que no tiene ni 1.000, ni 500, ni 200, ni 100 y el terreno sigue siendo suyo.

Por esa falta de más alternativas en la ciudad, salvo el sector público, es preocupante el anuncio hecho esta semana por un grupo de 250 hosteleros de Cáceres advirtiendo de que su reapertura es inviable cuando se entre en la fase uno de la desescalada (ayer mismo el Gobierno flexibilizaba las condiciones y del 30% del aforo de las terrazas pasa a permitir un 50%). Y es preocupante porque el derrumbe de este sector puede arrastrar como una ficha de dominó que cae a otros muchos en una ciudad de servicios y con numerosas empresas auxiliares que dependen de otras. En las fases dos y tres mejoran algo las condiciones de apertura para la hostelería, pero en cualquier caso está muy lejos de lo que había antes. Nada será igual y el sector está obligado a una transformación que puede dejar a muchos en el camino.

Para la semana que entra se anuncian reuniones con el ayuntamiento. El alcalde, Luis Salaya, no podrá atender todas sus demandas. Su situación actual no es nada envidiable, haga lo que haga siempre va a parecer que es poco. No puede suprimir el IBI que pagan estas empresas, el impuesto grava el valor del inmueble, tenga o no actividad, ni siquiera puede reducir su importe a prácticamente cero, la ley marca un tipo mínimo. En la tasa de ocupación de la vía pública tiene más capacidad de maniobra, pero primero habrá que ver si cabe o no la exención, si ésta no es posible puede reducir el importe, ya se hizo en 2017 cuando se cambiaron las categorías de las calles. En horarios, el ayuntamiento no tiene competencias y esta ciudad, tras todo lo ocurrido antes, no está para muchos experimentos en este asunto.

Sí puede ampliar los espacios para la instalación de terrazas y que las ayudas directas que se anuncian vayan a facilitar la adecuación de los establecimientos a las condiciones de cada fase. En los próximos días Salaya tendrá que cuadrar un círculo para hacer compatible esa ampliación con el tránsito peatonal y la supresión de plazas de aparcamiento en una ciudad donde no sobran. Solo hay dos grandes aparcamientos públicos en el centro, insuficiente, ahora es cuando se echa en falta el tiempo perdido en tanto intento fallido de párking. Esa mayor amplitud en las avenidas también podría venir con la supresión de carriles de circulación, es lo que ya se vio ayer con peatones y deportistas ocupando esos carriles para mantener las distancias con otros ante la escasa presencia de vehículos.

En esta ciudad no se puede dejar caer a la hostelería, no está el municipio como para perder más empleo ni para que cuando se vaya al polígono de las Capellanías se vean más naves y parcelas sin ocupar.