El Tribunal de Cuentas recomienda al ayuntamiento cacereño la procedencia de disolver la sociedad Gemaca, de capital municipal. Lo hace en su informe sobre la fiscalización de las cuentas de los ejercicios de las años 2006 y 2007. El tribunal considera que la sociedad carece de sentido mercantil y racionalidad financiera y plantea su supresión para mejorar el control y transparencia de la gestión municipal y reducir los costes de funcionamiento.
Gemaca, una sociedad con el 100% de capital del ayuntamiento, perdió su principal cometido cuando el consistorio decidió que dejara la gestión de la recaudación de tributos, primero se confió esta función a una empresa, aunque Gemaca mantenía una parte de la competencia, y desde 2006 la gestión pasó a diputación, con lo que se quedó sin contenido.
Desde entonces su función principal ha sido el pago de los festejos que programaba y organizaba el ayuntamiento. La sociedad se mantenía para agilizar el pago y permitir que los artistas contratados cobrasen sin retraso, dado que funciones y actuaciones no se producían si no se pagaba al momento.
Durante los últimos años se han programado diversos cometidos para no disolver Gemaca, como la rehabilitación de viviendas, la ayuda a domicilio o funciones para potenciar el turismo, pero no se han acometido.
La recomendación del Tribunal de Cuentas puede acelerar la desaparición de la sociedad. La mayoría de los trabajadores de Gemaca fueron adscritos al organismo de recaudación de diputación cuando se hizo cargo de la gestión de la recaudación de los tributos.
El tribunal también se pronuncia sobre esta adscripción al calificar de ilegal, según el estatuto de los trabajadores, la cesión de estos empleados al organismo de la diputación.
La recomendación sobre Gemaca, pese a ser la más llamativa, no es lo más grave del informe del Tribunal de Cuentas.
En una de sus conclusiones se asegura que del análisis de los datos presentados de ambos ejercicios se puede deducir el bajo nivel de liquidez y solvencia, el nivel medio de ejecución de los presupuestos de gastos e ingresos, el bajo esfuerzo inversor realizado por habitante y la escasa capacidad para el cobro de saldos atrasados.
El periodo que se fiscaliza en el informe hecho público por el Tribunal de Cuentas es el último año y medio del periodo de la gestión del popular José María Saponi, en cuyo mandato se aprobaron ambas cuentas, y los primeros seis meses de la socialista Carmen Heras.
En otra de las conclusiones recogidas en el informe se critica el acuerdo que se aprobó en septiembre del 2000 para la recaudación de la tasa del agua por parte de Canal de Isabel II.
Recaudación de la tasa
El tribunal afirma que el acuerdo se tomó sin mediar ningún procedimiento administrativo con las condiciones de pago y plazos para el ingreso y sin la necesidad de rendir cuentas de recaudación, lo que dificulta e imposibilita controlar de una manera fehaciente la gestión realizada por la empresa. Por este motivo el tribunal recomienda que se deben revisar los procedimientos de la tasa del agua (que también incluye el alcantarillado) reglamentando su gestión y determinando los derechos y obligaciones de cada parte (empresa y ayuntamiento).
Otras recomendaciones recogidas en el informe fueron acometidas en los ejercicios posteriores a los años analizados, como el control de los gastos para evitar la realización de gastos sin dotación presupuestaria.
El informe recuerda que las operaciones pendientes de aplicación presupuestaria por gastos corrientes del ejercicio del 2006 ascendieron a 9,3 millones, mientras que en 2007 fueron 1,8. La mayoría de estas operaciones se reconocieron en el presupuesto del 2009 a raíz de la macrooperación financiera que se proyectó ese año con cargo al canon del agua.
Además el informe de fiscalización recuerda que las operaciones sin aplicación al presupuesto por gastos de inversión ascendieron a 6 millones en 2006 y a 4,1 en 2007, ambas cantidades también se incorporaron al presupuesto del 2009. Desde el presupuestos del 2008 se tomaron medidas para evitar gastos sin dotación en los presupuestos municipales.
