Los antidisturbios volvieron a tomar ayer el barrio de La Esperanza, en Aldea Moret, para expulsar a los inquilinos ilegales de los pisos sociales. El segundo día de los desalojos ordenados por la Agencia Extremeña de la Vivienda, con autorización judicial, se desarrolló como el miércoles sin altercados, aunque sí con protestas de algunos de los afectados.
Estos, a pesar de su situación irregular mantenida durante varios años, en algunos casos incluso diez, reclamaban su derecho a permanecer en los pisos porque "están vacíos y nosotros los necesitamos", proclamó Carmen Vargas, una de las desahuciadas. "¿Dónde voy yo con mis tres hijos, recién salida casi de la UCI, ayer me dieron el alta, y con los muebles?", preguntaba esta mujer mientras enseñaba la huella morada que han dejado los goteros en sus antebrazos.
SATISFACCION VECINAL Las quejas de los desahuciados o de los que teienen una orden para llevarlos a cabo, contrastaba con la satisfacción que producía este hecho en los vecinos en situación legal que los contemplaban desde la ventana o la calle. "Es estupendo, antes tenían que haberlo hecho", sostenía Isabel González, presidenta del bloque 20 de Juan García.
Su portal es uno de los pocos sin ilegales, aunque tiene cuatro pisos vacíos. Pero este hecho no es fruto de la casualidad sino de la imbatible lucha que, a modo de patrulla vecinal, han emprendido durante años todos los inquilinos para impedir su entrada. "Lo han intentado todo --relata González--, incluso tiraban los tabiques al principio, luego nos han robado ventanas, persianas, nos entraban por los patios, pero al final conseguíamos echarlos".
Asegura que han vivido "siempre con miedo", por eso "estoy muy contenta". Ahora, dice, que se los vuelven a dar, pero legales y pagan, "pues estupendo". Se lo explica a uno de los ocupantes ilegales, que ella paga, que en su día también estuvo recogida con tres hijos en casa de su madre porque la echaron al no pagar el alquiler, que apenas llega a final de mes, pero "me tuve que esperar hasta que me dieron el piso".
La Junta concluyó ayer la primera fase de este desalojo múltiple, que ha permitido recuperar hasta ayer 14 viviendas, once expulsados y otros tres que entregaron ayer las llaves voluntariamente, según fuentes de la Agencia. Desde este órgano se informó que ya se ha comunicado al ayuntamiento que puede abrir el plazo para demandantes de viviendas sociales para hacerles entrega de estos pisos.
Existe otra treintena de expedientes de desahucio que se ejecutarán en las próximas semanas. "No hay ningún plazo marcado, en cuanto se pueda organizar un nuevo operativo policial, pero no vamos a permitir que ningún piso esté ocupado ilegalmente", apuntó la responsable de la Agencia de la Vivienda que coordina esta actuación.
La Junta confía en que esta primera intervención expeditiva haga reaccionar a los inquilinos ilegales para que abandonen las viviendas de forma voluntaria. De hecho, los ilegales se comunicaban ayer unos a otros un mensaje de los técnicos de la Junta: si les echaban, perdían el derecho a solicitar una vivienda social.
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