No hubo irregularidades que incurrieran en delito en las últimas elecciones celebradas en la Cámara de Comercio de Cáceres. Así se desprende del auto dictado por el juez de instrucción del juzgado número 5 de Cáceres, que archiva la denuncia por presuntas ilegalidades en la emisión de los votos por correo que interpuso la Federación Empresarial Cacereña, a la que el fiscal acusa de "fabricar" pruebas para argumentar su demanda. En base a ello, solicitó el sobreseimiento de la causa al juzgado, como así ha sido.

El auto judicial no niega que pudieran haberse cometido irregularidades formales, pero "sin trascendencia penal" y en ningún caso se produjo falsedad en documento como arguía la federación cacereña. El auto es provisional y ya ha sido recurrido por la organización de empresarios de Cáceres. Las elecciones, celebradas el 27 de abril, revalidaron a la Federación Empresarial Placentina al frente de la Cámara y por correo votaron 676 empresarios de la provincia.

LA DENUNCIA Y EL DETECTIVE La denuncia de la Federación Empresarial Cacereña sostenía que en el periodo hábil para el voto por correo se permitía en algunas delegaciones de la Cámara (Cáceres, Coria y Plasencia) que empresarios electores solicitaran el voto por correo a través de terceras personas sin la debida documentación --sólo con una copia del DNI del elector-- y no en persona, como estipula la ley electoral.

Igualmente, se denunciaba que la recogida de dichos votos se realizaba por personas presuntamente no autorizadas, ya que en teoría debía recogerlos el secretario general de la Cámara, contra quien se dirigía la denuncia junto a otras dos personas. Para demostrarlo, la federación contrató a un detective privado.

Según el fiscal, este investigador a sueldo no se limitó a recoger u obtener pruebas de esas irregularidades administrativas, sino que fue él mismo "quien provocó desde el primer momento tales irregularidades, haciéndose pasar por una supuesta persona a la que unos supuestos electores habían autorizado para solicitar en su nombre el voto por correo" . El fiscal entiende que se incitó y provocó de esta manera a los denunciados a cometer los hechos y, por lo tanto, este detective no se limitó a obtener pruebas "sino a fabricarlas a su conveniencia".

El secretario de la federación cacereña, Pedro Rosado, valoró que el escrito del fiscal "no tiene fundamento jurídico" y calificó de "falsa" la acusación de fabricar las pruebas. Reconoció que se habían utilizado los servicios de un detective privado con cámara oculta para tratar de demostrar las irregularidades, "pero no se ha simulado ningún delito". En cualquier caso, señala que de haber cometido delito se podrían iniciar acciones legales.

LOS FUNDAMENTOS DEL JUEZ Asimismo, el auto judicial considera lógico que el secretario de la Cámara, Teófilo Amores, delegara la recepción del voto por correo. "Podrá ser más o menos ajustado a la legalidad (...). La existencia de solo siete colegios electorales en una provincia tan extensa como Cáceres impediría en otro caso a muchos electores ejercer su derecho al voto si no existiera una amplia autorización, dado que el secretario general no tiene el don de la ubicuidad", argumenta textualmente el magistrado.

También desbarata la tesis de que las personas que recibían los votos por correo no eran aptas para ello asegurando que la junta electoral confirmó que esto "no es cierto" y restando importancia al hecho al compararlo con unas elecciones generales, más importantes y en las que estos votos se solicitan ante cualquier funcionario de Correos.

Desde la Cámara de Comercio no se quiso ayer hacer valoraciones sobre la decisión judicial. Sí, en cambio desde la federación cacereña. El secretario de esta organización, Pedro Rosado, aseguró que el auto venía a ratificar las irregularidades administrativas detectadas, aunque "diga que no son constitutivas de delito". "Con este auto en la mano, las elecciones o los votos por correo son nulos", aseguró.

En este sentido, informó que la federación ya había recurrido el auto y había interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la anulación de dichos votos por la vía administrativa.