La Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas que oscilan entre doce y cinco años de cárcel para el conocido abogado cacereño Pablo Vioque y otros seis acusados de delito de proposición para el asesinato del teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, en el año 2003.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado para el próximo 22 de febrero el juicio por este caso de conspiración para el asesinato de Javier Zaragoza, en el que hay 26 testigos, informa Efe.
El fiscal relata que Pablo Vioque ideó la "eliminación física" de Javier Zaragoza, que era el fiscal encargado del proceso por el que el abogado estaba en la cárcel de Soto del Real en espera de la celebración de un juicio que estaba fijado a principios de 2003 en la Audiencia Nacional.
También planeó matar a otras personas con residencia en Galicia, así como otros dos abogados con bufete en Madrid.
Para ello se valió del procesado F. T., también preso en Soto del Real, quien abandonó el centro penitenciario para disfrutar de un permiso el 25 de noviembre del 2002, quien no se incorporó con posterioridad y que tenía el encargo de organizar los crímenes, debiendo buscar al sicario y las armas.
RED CARCELARIA El escrito de acusación añade que para comunicarse con F. T., aparte de llamadas telefónicas desde la prisión, estableció una red formada por el recluso D. L. C. y su novia D. C. R., quien visitaba a éste en prisión. En las visitas a D. L. C., éste, siguiendo instrucciones de Pablo Vioque, transmitía información y documentos a D. C. R., que ésta debía hacer llegar a F. T. directamente o a través de C. H. S. y su novia C. M. C.
Concretamente, Pablo Vioque entregó el 13 de diciembre del 2002 un sobre con dos fotos de Javier Zaragoza a D. L. C. quien se las entregó a su novia en una de las visitas de ésta a la cárcel y quien a su vez se lo dio a C. H. S.
Este, en compañía de su novia, C. M. C., abrió el sobre y tras comprobar que contenía las fotografías lo entregó a F. T.
Ambos acudían al citado despacho de abogados para retirar sumas de dinero de M. A. S., letrada de Vioque, y de esta forma percibieron 22.400 euros en entregas de 400, 3.000, 5.000, 3.000, 8.000 y 3.000, dinero que posteriormente era entregado a F. T. para la ejecución del plan y que se destinó a la compra del arma y otros gastos.
D. L. C. escribió de su puño y letra las instrucciones que Vioque le dictaba referentes a la forma en que debían ejecutarse los crímenes, instrucciones que entregó en una visita de su novia, quien a su vez debería de entregárselas a F. T., aunque no llegó a hacerlo al ser encontrado el documento en su domicilio.
Con estas instrucciones y las que había recibido antes de Vioque y las telefónicas, F. T. adquirió el arma, contrató al sicario, le facilitó las fotos y la dirección de Zaragoza, y le comentó que tras "eliminarle" debería hacer lo mismo con las otras personas, aunque "lo que apremiaba era la muerte del fiscal a primeros de año". La policía detuvo a los implicados en enero del 2003.
Vioque, que emigró de Cáceres a Galicia en 1974, está en prisión y fue condenado en el 2003 a 18 años de cárcel por tratar de introducir en España dos toneladas de cocaína. El abogado declaró en su última entrevista con El Mundo: "Si hubiera querido ser un capo, no habría vivido a la vista de todo el mundo".
