Ocurría hace ya casi cinco años. Un vecino de Trujillo denunciaba a dos gestores de cobros de la empresa El Cobrador del Frac por amenazas. Se trataba de José S. E. y Joaquín P. G., que mañana serán juzgados en la Audiencia Provincial de Cáceres acusados de un delito de coacciones por el que el fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de 3 años de prisión, así como que se les condene a pagar de forma solidaria a su víctima una indemnización de 4.000 euros por el daño moral causado.
Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal sobre los hechos que se les imputan, en diciembre del año 2000 el acusado José S. E. se personó con otro compañero en un video club de Trujillo y "sin acreditarse y en actitud amenazante exigieron a su propietaria el pago de una deuda que según aseguraron mantenía su cuñado y anterior titular del establecimiento con una empresa". La indicaron que si no pagaba "tendría que hacerlo ella o le cerrarían el establecimiento".
El anterior propietario se puso en contacto con ellos y les comunicó que no iba a pagar porque no tenía ninguna deuda, "ante lo cual el acusado José S. le amenazó con que si no pagaba le iba a hacer la vida imposible a él y su familia" y le advirtió "que ya había metido a gente en la cárcel", entre otras amenazas.
La víctima, "asustado y preocupado", decidió pagar y con la ayuda de algunos amigos consiguió reunir 400.000 pesetas (2.400 euros), "pero cuando fue a pagar los acusados le indicaron que aún debía 57.000 pesetas de unos supuestos intereses".
La víctima, "atemorizada por la actitud de los dos cobradores" le pidió un aplazamiento y tras marcharse los acusados, que le habían advertido de lo que le pasaría si no pagaba, denunció los hechos ante la Guardia Civil.
A consecuencia de los hechos relatados, concluye el fiscal, la víctima de los dos procesados "sufre síndrome de estrés postraumático y depresión".
