Un total de 61 años y medio de prisión y multas que suman un total de 1.070.000 euros son las penas que el Ministerio Fiscal pide para los quince integrantes de una presunta red de traficantes de drogas, concretamente hachís, que operaban principalmente en Cáceres, aunque también en otras localidades de la provincia. Entre ellos figuran propietarios de bares, de Cáceres y Plasencia, y un taxista.

Cada uno de estos 15 presuntos narcos, que la Guardia Civil detuvo a finales del pasado mes de septiembre y primeros de octubre en una de las más importantes operaciones antidroga llevadas a cabo en la provincia, y a la que se ha dado el nombre de operación Acaro , se enfrenta a entre cuatro años y medio y tres años y medio de prisión, y a multas que oscilan entre los 250.000 y los 20.000 euros.

A los 15 detenidos, de los que 14 ingresaron en prisión --seis de ellos con antecedentes penales y aún en situación de prisión provisional--, la Guardia Civil les incautó más de 80 kilos de hachís, cuyo valor de mercado es de 1.255 euros por kilogramo, así como también seis vehículos utilizados para el transporte de la droga; 5.867,31 euros supuestamente fruto de su ilícita actividad; 19 teléfonos móviles utilizados por los acusados para las operaciones de tráfico de drogas; agendas, tarjetas y otros documentos en los que se anotaban datos relativos a dichas operaciones; y otros diferentes objetos.

ILICITA ACTIVIDAD Parece ser, según la calificación que de los hechos ha realizado ya el fiscal encargado del caso, que el cabecilla de la red era el acusado E. A. L., conocido como El Abuelo, al que le constan varias condenas por tráfico de drogas.

Este detenido, refleja el fiscal, se ha venido dedicando a realizar labores de intermediario en la compraventa de hachís en Cáceres, "de manera que recibía peticiones de numerosos vendedores afincados en la ciudad y otras veces era él mismo quien les ofrecía la droga a ellos. Entre dichos vendedores, "que después procedían en la mayoría de los casos a transmitir directamente el hachís a los consumidores", añade el fiscal, se encuentran otros nueve procesados en esta causa, José L. M. H., Abel C. A., Pedro J. F. H., José J. M. U., Francisco B. S., José C. R. R., Víctor F. J. V., Antonio D. D. y Jaime H. A.

Otro de los acusados, Enrique A. L., solía obtener el hachís de varios proveedores con los que se ponía en contacto una vez que sabía las cantidades que solicitaban los vendedores indicados anteriormente, y que ponían a su disposición cantidades siempre superiores al kilogramo y que han llegado en alguna ocasión hasta los 60 kilogramos, como ha sucedido en esta operación. Entre estos proveedores se encontraban los cuatro acusados restantes: José L. S. A., vecino de Cáceres; los marroquís Khalid L. y Mohamed D., residentes en Plasencia; y Maximiliano H. G., con domicilio en Algeciras.

El fiscal detalla seguidamente intervenciones en las que cada uno de los acusados han intervenido entre julio del 2005, en que se inició la operación de la Guardia Civil, y sus detenciones, entre septiembre y octubre. Destaca la llevada a cabo el pasado 25 de septiembre, cuando Enrique A. acompañó a José Luis S. a Sevilla para comprar 60 kilogramos de hachís y les acompañó Pablo B. con otro coche para transportar la droga. Fueron detenidos los tres cuando circulaban por la N-630, incautándose en un maletero 59,38 kilos de hachís.

También se destaca la llevada a cabo el 31 de julio, cuando adquirieron 35 kilos de hachís en Sevilla. O las operaciones que realizaba el acusado Maximiliano H., que adquiría el hachís en Algeciras, donde tenía constituido su lugar de residencia, y lo distribuía en Cáceres, en cantidades de entre 4 y 6 kilos.

De los 15 detenidos tienen antecedentes y siguen en prisión Enrique A., condenado por tráfico de drogas en el 92 y 96, y por falsedad documental en el 2002; José Luis S., condenado por intento de homicidio en 1993 y por tráfico de drogas en el 2001; Khalid L., en el 2004 por tráfico de drogas; Maximiliano H, en el 96 por tráfico de drogas; Pedro Javier F., en el 2000 por simulación de delito; y Pablo B., condenado en el 2002 por lesiones.

Para Enrique A., José L. S., Khalid L. y Maximiliano H. pide el fiscal 4 años y medio de prisión; para José L. M., tres y medio; y cuatro años para cada uno de los otros diez acusados.