La Audiencia Provincial juzgará el lunes al presunto autor de una agresión sexual ocurrida en las ferias y fiestas de mayo del 2004 en Cáceres. El acusado, J. A. B. M., se enfrenta a entre 7 y 10 años de prisión, penas que piden para él, respectivamente, el fiscal y la acusación particular. La defensa, por su parte, alega que la relación fue consentida y solicita la absolución del procesado.
Los hechos por los que J. A. B. M. será juzgado el lunes, acusado de un delito de abuso sexual, ocurrieron el 30 de mayo del 2004. Según recogen tanto el fiscal como la acusación particular en sus conclusiones, ese día la víctima de la agresión, que residía en una vivienda de alquiler en Cáceres por motivos de estudio y trabajo, regresó a casa hacia las 09.30 horas tras pasar la noche en el recinto ferial.
Hacia las 11.30 horas llegó al domicilio un primo de la joven que con motivo de las ferias de Cáceres pasaba unos días con ella. Llegó acompañado de dos amigos, uno de ellos el acusado, que le dijo que quería ir al servicio, "pero sin embargo entró en la habitación de la chica, que se encontraba profundamente dormida, y aprovechando el estado en que se encontraba la víctima se bajó los pantalones y le introdujo el pene en la vagina". Fue sorprendido tanto por la chica como por su primo, que ante la tardanza del amigo había ido a buscarle y le sorprendió, tras lo cual entre ambos consiguieron echarle del domicilio.
La defensa, ejercida por el letrado Angel Luis Aparicio, discrepa con la versión de los hechos dada por el fiscal y la acusación. Según su escrito de calificación, la chica y el acusado, que se conocían por haber estado juntos en la feria, coincidieron en el servicio de la casa "comenzaron a besarse para entrar a continuación en el dormitorio donde se produjeron únicamente tocamientos, que fueron interrumpidos por el primo de la chica al oponerse a que tuvieran relación estando él presente".
PETICIONES Para el fiscal y la acusación J. A. B. M, cometió un delito de abuso sexual, y además de la pena de prisión (7 y 10 años respectivamente) solicitan el pago de una indemnización de 12.000 y 60.000 euros, respectivamente, a su víctima. Esta, añaden, sufrió a consecuencia de lo ocurrido un trastorno de stress postraumático que la incapacitó para su ocupación 142 días y del que le han quedado secuelas que la mantienen aún bajo tratamiento psiquiátrico.
La defensa insiste en que no hubo delito, advirtiendo que el informe médico forense emitido al día siguiente de los hechos "no detectó en su análisis ninguna lesión de interés físico, ni en el examen general que se realizó de las zonas externas ni en el examen ginecológico".Y además, añade, "tampoco se detectó presencia de semen ni en las tomas vaginales ni en las bragas" que analizó el Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología el 20 de julio del 2004.
