La fiscal del caso de tráfico de cocaína con el que culminó la operación policial Gotelé en noviembre del 2007 y que ha sentado en el banquillo a siete acusados por un delito contra la salud pública, rebajó ayer su petición de condena para los principales encausados, una pareja de colombianos, para los que había solicitado inicialmente un castigo de 12 años de prisión y una multa de 240.000 euros y que ayer redujo finalmente a entre 9 años y tres meses a 8 años de internamiento y una multa de 100.000 euros. También rebajó de seis a cuatro años y medio la condena requerida para otro de los imputados por su toxicomanía.

El juicio seguido contra los siete imputados en el caso quedó visto para sentencia tras dos largas sesiones en las que han declarado como testigos una veintena de personas, la mitad consumidores de cocaína que presuntamente compraban la droga a los acusados. Uno de estos clientes , una mujer, declaró como testigo protegido.

Algunos confirmaron la adquisición de las papelinas a algún imputado y otros, sin embargo, se desdijeron de sus declaraciones anteriores ante el juez instructor o la policía negando este extremo, asegurando que no les compraban la droga sino que la consumían juntos y coparticipaban del pago o manifestando que no recordaban lo declarado hacía un año.

Dos de los imputados, el colombiano Pablo Mauricio G. M. y Luis S. J., han reconocido que vendían la cocaína. En el caso del primero, su abogado solicitó una pena de cuatro años y pidió que se considerara su arrepentimiento. Durante el juicio, pidió perdón a su mujer por implicarla en este asunto y dijo que quería conseguir el "dinero fácil" para volver a su país.

ORGANIZACION La fiscal pide además la aplicación de la agravante de pertenencia a una organización para delinquir ya que, a su juicio, trabajaba, junto a su mujer, a las órdenes de su tío, otro colombiano residente en Getafe que le proveía de la droga para su distribución en Cáceres y que está en busca y captura.

Aunque al resto no se les imputa la pertenencia a grupo organizado, funcionaban en cadena. El principal proveedor en Cáceres era Pablo Mauricio G. M., quien abastecía a alguno de los acusados y estos lo hacían a su vez a otros, pero sin estar sujetos a una estructura organizada como tal. La vendían presuntamente desde sus propios domicilios de los barrios de La Mejostilla y el residencial Universidad y la localidad de Herreruela.

Para Luis S. J., su abogado pidió una pena máxima de 1 año y 6 meses de prisión. Su pareja también está imputada. El resto de defensas solicitó la absolución de sus clientes. Dos de los imputados, y no 4 como se informó ayer, están en prisión preventiva desde su detención en noviembre del 2007.