La Fiscalía declina actuar en el caso de las obras de la plaza Mayor

Fue el pasado día 7 de junio cuando el portavoz municipal de IU, Santiago Pavón, presentó ante la Fiscalía Superior de Extremadura su demanda solicitando la "suspensión cautelar inmediata" de dicha obra al entender que "vulnera la ley de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura", además de asegurar que "no cuenta con licencia municipal ni con informe arqueológico".

De la denuncia de IU dio traslado el fiscal superior, Aurelio Blanco, a la fiscal-jefe Provincial, Marta Abellán, que puso el caso en manos de la fiscal de Urbanismo, Olga Suárez, la cual, según ha podido saber este diario, ha resuelto ya respecto a esta causa en el sentido de que por parte del Ministerio Fiscal "no se van a iniciar actuaciones de clase alguna".

No se investigará por parte del Ministerio Fiscal, lo que no significa, hay que puntualizar, que el caso se archive. De momento no es así, pues la fiscal de Urbanismo informa al mismo tiempo que el escrito y documentación aportada por el denunciante sobre esta causa se ha remitido al Decanato de los Juzgados de Instrucción para que se investigue por el juez que proceda.

Y será en concreto el titular del Juzgado número 1, José Lozano, el que se hará cargo de la instrucción de esta causa, el que habrá de resolver si con el proyecto de remodelación de la plaza Mayor se ha incurrido o no en alguna ilegalidad. De momento, "el caso se está estudiando", fue lo único que manifestó ayer al respecto.

Quien sí respondió ya a las manifestaciones de IU fue la Administración regional, que tan solo dos días después de su denuncia, y a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, aseguró públicamente que la segunda fase de estas obras, iniciadas el 1 de junio a cargo de la empresa Placonsa, "cuenta con autorización de fecha 13 de mayo", así como con "informe y seguimiento arqueológico, a cargo de la empresa Arqveochek", con sede en Mérida.