La Fiscalía Provincial de Cáceres ha decidido frenar la toma de declaraciones a los trabajadores de la residencia El Cuartillo de Cáceres (conocida como la Asistida) por el estrés al que está sometido la plantilla. Se trata del centro de mayores más castigado de la región por el número de contagios y de fallecidos y la situación está pasando factura a los empleados. Ante esto, el Ministerio Público ha decidido apartar la toma de declaraciones al personal para evitar que se vea sometido a un trauma emocional añadido, como es el pasar por sede judicial para explicar su versión sobre la gestión de la crisis en el centro.

El fiscal va a esperar un tiempo prudencial hasta que los contagios y los fallecimientos se hayan estabilizado. Hasta el momento se ha tomado declaración a dos trabajadoras (una de ellas reconoció haberlo hecho con miedo a represalias) y a algunos familiares. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Sanidad en el centro hay en estos momentos 11 residentes positivos (nueve de ellos asintomáticos), 19 menos que hace diez días. La cifra de fallecidos se mantiene en 75.

No obstante, la investigación continúa y en los próximos días se tomará declaración al médico del centro. Cuando la situación se complicó el Servicio Extremeño de Salud (SES) tomó la determinación de intervenir la residencia, dotándola tanto de material necesario para atender a los ancianos como de asistencia médica y de enfermería (había geriatras y enfermeros que diariamente acudían al centro). Sin embargo, por el momento, el que dará su versión de los hechos es el facultativo que presta sus servicios de manera habitual en este centro residencial.

Hasta el momento todos han declarado en calidad de testigos. El objetivo del Ministerio Público es tomar declaración a todos los trabajadores que han prestado sus servicios durante la crisis sanitaria, incluida la dirección.

50 FAMILIARES SE QUERELLAN

Por otro lado, los familiares ultiman la querella que van a presentar contra este centro de mayores. La gestiona el abogado cacereño, Marco Antonio Tobías, del despacho Pita&Broncano. Son cerca de medio centenar los que han decidido unirse para pedir que se depuren responsabilidades penales sobre lo ocurrido,. Se trata de familiares de mayores que han fallecido a causa del coronavirus o que se han contagiado pero que han logrado superar la enfermedad. Hay incluso familiares de mayores que no han llegado a infectarse pero que quieren igualmente denunciar la gestión que se ha llevado a cabo durante la pandemia.

Tal y como explica el letrado, el objetivo de la querella es conseguir toda la información necesaria para averiguar qué es lo que ha ocurrido y después exigir responsabilidades de índole penal o civil.

Por el momento se presentará como una causa independiente a la que investiga el Ministerio Público aunque no se descarta que finalmente terminen investigándose de manera conjunta. La querella se presenta inicialmente contra el centro aunque, una vez que se analice la información derivada de la investigación, no se descarta ampliarla contra el Servicio Extremeño de Salud (SES) y contra el Sepad. Se presentará en los próximos días.

Sustituyen a la fiscal del caso

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha sustituido a la fiscal que asumió desde el principio la investigación en la residencia la Asistida. Del caso se encarga ahora el responsable de las causas de personas con discapacidad. El cambio ha generado dudas entre los familiares que habían presentado las denuncias que han llevado a que se incoaran diligencias penales.

Según confirma a este diario la fiscal jefe, Marta Abellán, el cambio se debe a razones ajenas a la justicia, que han obligado a reorganizar la plantilla y los casos que se estaban investigando. No obstante, aclara, esta circunstancia no afecta en absoluto a la investigación, que continúa su curso: «El Ministerio Fiscal es uno, da igual quién sea la persona que investigue», añade.

La reorganización se debe a problemas generados a raíz del coronavirus. Como en todos los sectores, la Fiscalía tiene la obligación de garantizar la seguridad, la salud y la conciliación de sus trabajadores, así lo establece una resolución firmada por la Fiscalía General del Estado del pasado 30 de abril. Por esta razón una parte de los miembros del Ministerio Público se mantienen en sus domicilios realizando teletrabajo.

Los familiares esperan que la sustitución no afecte a lo avanzado hasta ahora, que continúen las declaraciones y que finalmente se dé traslado al juzgado para iniciar el proceso.